Financiamiento Universitario: El Gobierno apuesta a la transparencia y anuncia reuniones tras la marcha.
En las vísperas de una nueva marcha federal universitaria, el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, marcó su postura frente al conflicto. Si bien el Ejecutivo ratificó que no aplicará la actual ley de financiamiento —argumentando irregularidades técnicas y falta de fondos—, adelantó que convocará a los rectores para discutir el reparto de recursos destinados a los hospitales educativos.
El fin de la discrecionalidad en los hospitales
Uno de los anuncios más destacados del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue la creación de una comisión de hospitales universitarios. El objetivo es terminar con el reparto «arbitrario» de fondos que, según el Gobierno, beneficiaba históricamente a la UBA con el 70% de los recursos extra.
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Refuerzos en la mira: El Gobierno confirmó que en abril se enviaron más de $150 millones para funcionamiento, pero se retuvieron los $79 millones de «refuerzo discrecional» hasta que se establezcan criterios objetivos de distribución.
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Convocatoria post-marcha: Álvarez aseguró que la reunión con los rectores se realizará inmediatamente después de la movilización para evitar que se interprete como una provocación.
Eficiencia y «Costo por Egresado»
La ministra Pettovello subrayó que el objetivo central es lograr un gasto eficiente y transparente. Desde el ministerio cuestionaron la falta de datos públicos, alegando que la administración del Sistema de Información Universitaria está concentrada en el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional).
Para sustentar su postura, el Gobierno difundió indicadores sobre el rendimiento académico y los costos operativos:
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Alumnos regulares: De los casi 2 millones de alumnos, el Gobierno sostiene que menos de la mitad son regulares (aprueban dos o más materias por año).
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Costos elevados: Según el oficialismo, el costo total por graduado en algunas instituciones es altísimo. Mencionaron que en la Universidad de las Artes el gasto por egresado asciende a $423.830.487, seguida por la Universidad de Tierra del Fuego con más de $176 millones.
La polémica por los estudiantes extranjeros
El subsecretario Álvarez también puso el foco en la matrícula de no residentes. Cuestionó que las instituciones no hayan comenzado a cobrar aranceles a extranjeros, a pesar de estar habilitadas por decreto.
«¿Les parece que no es relevante que el 50% de la matrícula de la Facultad de Medicina de La Plata pertenezca a extranjeros?», disparó el funcionario, mencionando incluso pedidos de cátedras en portugués como ejemplo de la distorsión del sistema.
El veto a la Ley de Financiamiento
Respecto al reclamo salarial y presupuestario, el Gobierno se mantuvo firme en que la ley votada por el Congreso es «abstracta» tras la aprobación del Presupuesto nacional. Argumentan que el Estado no tiene capacidad económica para afrontar un aumento salarial del 50% y que la norma incumplía la Ley de Administración Financiera al no especificar el origen de los fondos.
Finalmente, desde Capital Humano insistieron en que no existe «animocidad» contra la universidad pública, sino una intención de dar una «batalla cultural» para que la ciudadanía conozca el destino de sus impuestos.
