La medida judicial que ordenó cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario sacudió el tablero político y dejó al desnudo las grietas internas del oficialismo.
En las filas de La Libertad Avanza comenzaron los pases de factura por el manejo del Congreso: señalan que la discusión se dilató innecesariamente y que se desperdició un principio de acuerdo con los rectores para sancionar una nueva ley que no comprometiera las cuentas públicas. La estrategia de apostar a un fallo judicial favorable terminó jugándoles en contra.
El acuerdo que se desmoronó: de las conversaciones con los rectores al silencio parlamentario
El proyecto de una nueva ley de financiamiento universitario había sido enviado al Congreso en el marco de un acuerdo político que buscaba darle salida a un tema sensible. El entendimiento era de por sí frágil, dada la complejidad del tema y la diversidad de actores involucrados. Pero las conversaciones con los rectores más representativos del Consejo Interuniversitario Nacional habían permitido avanzar.
Sin embargo, el tratamiento del proyecto se dilató. Ni siquiera llegó a ser dictaminado en comisión, pese a que funcionarios que monitorean los números presupuestarios pidieron celeridad. El tiempo pasó y el consenso comenzó a erosionarse. Los rectores de las universidades, que formaban parte del entendimiento inicial, advirtieron que las demoras tornaban inviable sostener el acuerdo alcanzado.
La estrategia que salió mal: apostar a la Justicia y enfriar el Congreso
En medio de este escenario, sectores del oficialismo apostaron a una salida judicial. Confiados en obtener un fallo favorable que evitara la necesidad de sostener el acuerdo legislativo, impulsaron gestiones en los tribunales mientras se enfriaba el tratamiento parlamentario. En paralelo, se movían piezas en el ámbito judicial vinculadas al juez Juan Bautista Mahiques.
La expectativa de un respaldo judicial derivó en una estrategia de “postergación” del debate en el Congreso. La apuesta era clara: que la Justicia resolviera el conflicto antes de que el Parlamento tuviera que tomar una decisión incómoda. Pero el resultado no fue el esperado. La medida judicial que ordenó cumplir con la ley vigente cayó como un balde de agua fría en las filas oficialistas.
Pases de factura internos: las críticas por la falta de gestión parlamentaria
El fallo adverso desató un terremoto interno. En el oficialismo comenzaron a cruzarse reproches por el manejo del Congreso. Se menciona que la discusión se dilató en el Parlamento y se desperdició un principio de acuerdo con los rectores que podría haber evitado llegar a esta instancia.
Para muchos actores, este revés dejó al descubierto las falencias en la conducción política del proceso y reavivó las críticas por la falta de gestión parlamentaria en un tema de alta sensibilidad institucional. La interna dentro de La Libertad Avanza, que ya había mostrado fisuras en otros debates, terminó afectando el curso legislativo y volvió a poner en el centro de la escena la estrategia del oficialismo en el ámbito parlamentario.
Consecuencias financieras y políticas: lo que viene para el gobierno
El fallo judicial no solo tiene implicancias políticas, sino también financieras. Fuentes cercanas al gobierno advierten que la decisión derivará en consecuencias de “todo tipo y color” para la administración libertaria en el corto plazo en términos de recursos públicos.
Lo que quedó en evidencia es que la apuesta a la judicialización del conflicto universitario no dio los resultados esperados. El acuerdo con los rectores, que alguna vez estuvo a tiro, hoy parece un espejismo. Y el Congreso, que debía ser el escenario de una solución negociada, quedó como el símbolo de una oportunidad perdida. La interna oficialista tendrá que rendir cuentas por una estrategia que, al menos por ahora, salió mal.
