En medio de un escenario económico complejo, el sector empresarial encendió las alarmas.
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) solicitó formalmente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que detenga los embargos sobre empresas y PyMEs, advirtiendo que estas medidas podrían profundizar la crisis y llevar a muchas firmas al colapso.
Reclamo directo al Gobierno por medidas “inoportunas”
La CAC envió una carta al titular de ARCA, Andrés Vásquez, con copia al ministro de Economía Luis Caputo.
En el documento, firmado por el presidente de la entidad Mario Grinman y el secretario Ángel Machado, se cuestiona la implementación de embargos en el actual contexto económico.
Según explicaron, estas acciones aunque legales resultan “totalmente inoportunas” frente a la delicada situación que atraviesan las empresas.
Cómo impactan los embargos en las empresas
El mecanismo de embargo que aplica ARCA implica bloquear sumas que las empresas deben cobrar de sus clientes. Esos fondos son retenidos y redirigidos al organismo hasta cubrir la deuda fiscal.
Desde la CAC advierten que esta práctica corta el flujo de ingresos de las compañías, lo que puede agravar su situación financiera “hasta un punto irreversible” y, en el caso de las más pequeñas, empujarlas directamente a la informalidad.
Un contexto económico que complica aún más
El reclamo empresarial se da en un escenario marcado por múltiples dificultades: caída en las ventas, reducción de márgenes de ganancia, aumento de costos, tasas de interés elevadas y acceso limitado al crédito.
Según la entidad, estas condiciones responden a “desarreglos macroeconómicos de larga data” que aún no han sido completamente corregidos, pese al proceso de ordenamiento impulsado por el Gobierno nacional.
Pedido de alivio y flexibilización
Ante este panorama, la CAC pidió al Ejecutivo que acompañe a las empresas en dificultades hasta que mejore la situación económica general.
En concreto, solicitó que ARCA instruya a sus áreas legales para evitar nuevas medidas cautelares como embargos y que, al mismo tiempo, flexibilice las condiciones de acceso a planes de pago.
La entidad considera que este enfoque permitiría preservar a la mayoría del entramado productivo y, a largo plazo, facilitar la recuperación del crédito fiscal por parte del Estado.
El reclamo de la CAC pone en evidencia la tensión entre la necesidad de recaudar y la urgencia de sostener a las empresas en un contexto adverso. Mientras las PyMEs enfrentan un escenario cada vez más exigente, el pedido apunta a ganar tiempo y evitar un impacto irreversible en el tejido productivo.
