Fallo histórico: la Justicia ordena al Gobierno cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
En una resolución de alto impacto político y educativo, la Cámara Contencioso Administrativo Federal ratificó este martes que el Gobierno nacional tiene la obligación de dar cumplimiento a la Ley de Financiamiento Universitario. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo deberá proceder a la actualización de los salarios docentes, el refuerzo de las becas estudiantiles y el sostenimiento de los programas de investigación en todo el país.
El respaldo judicial a la demanda de las universidades
El tribunal, integrado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, hizo lugar a la demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto a diversas casas de altos estudios. El fallo surge tras el intento del Ejecutivo de suspender la ejecución de la norma mediante un decreto, bajo el argumento de que era necesario definir previamente las fuentes de financiamiento en el presupuesto.
Al respecto, los camaristas recordaron que el Congreso de la Nación aprobó la Ley 27.795 y que la misma fue confirmada por dos tercios de los votos tras el veto presidencial inicial. «El Poder Ejecutivo no hizo más que reconocer la existencia y vigencia de una norma legal que dispone la referida pausa y que, como tal, debe ser respetada en virtud del principio de juridicidad», señalaron los magistrados.
Jerarquía normativa y el derecho a aprender
Uno de los puntos centrales del fallo radica en el rechazo a la justificación oficial basada en la Ley de Administración Financiera. La Justicia aclaró que dicha normativa «no se diferencia por su jerarquía normativa del resto de las que dicta el Congreso de la Nación».
Asimismo, el tribunal ratificó la postura del juez de grado, subrayando que no existe una afectación al interés público por cumplir la ley, sino todo lo contrario. Los jueces confirmaron que “la falta de cumplimiento de la ley afectaba el derecho a enseñar y aprender”, poniendo el derecho a la educación por encima de las restricciones presupuestarias impuestas por decreto.
Un escenario de cumplimiento obligatorio
Con esta ratificación, el Gobierno nacional se ve forzado a desbloquear los fondos destinados a las universidades públicas, en un contexto de fuerte tensión con el sector académico. La resolución judicial pone fin a la suspensión de la vigencia de la norma y exige que el Estado garantice los recursos para el funcionamiento de la educación superior, respetando la voluntad legislativa expresada en el Congreso.
