Ley de Glaciares: Escándalo e impugnaciones en la audiencia pública.
La Cámara de Diputados de la Nación vivió una jornada de extrema tensión este miércoles 25 de marzo de 2026. Lo que debía ser una instancia de participación ciudadana para debatir la modificación de la Ley de Glaciares se transformó en un escenario de reclamos, impugnaciones y denuncias de censura. La oposición, junto a referentes sociales y ambientales, cuestionó la legitimidad del proceso, mientras que el oficialismo intentó minimizar las irregularidades administrativas señaladas desde el inicio del plenario.
Impugnación formal y denuncias de irregularidades metodológicas
Antes de dar comienzo a las exposiciones, un nutrido grupo de legisladores —entre los que figuran Maximiliano Ferraro, Sabrina Selva, María Inés Zigarán, Carolina Basualdo, Pablo Juliano, Adriana Serquis, Gabriela Estévez, Juan Brugge, Abelardo Ferrán, Lucía Cámpora y Pablo Farías— presentaron una impugnación formal ante el presidente de la Cámara, Martín Menem.
Los diputados sostienen que la audiencia es “inválida por las graves irregularidades en la metodología adoptada para su desarrollo”. Según el texto presentado, el formato actual restringe de manera ilegítima la participación ciudadana y vulnera no solo el Reglamento de la Cámara y la Constitución Nacional, sino también la Ley General del Ambiente y compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú.
La respuesta oficial llegó a través de Nicolás Mayoraz, diputado de La Libertad Avanza y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, quien afirmó: “Esta impugnación se le dará curso por los canales administrativos. Las presentaciones judiciales fueron todas rechazadas”. Sin embargo, el hecho de que no exista un canal administrativo específico para este tipo de reclamos generó el primer gran foco de conflicto del día.
Recorte de tiempos y exclusión de oradores
Otro punto de fricción fue la duración de las ponencias. Aunque el plenario de comisión había definido originalmente un tiempo de 5 minutos, los oradores se encontraron con un límite de apenas 4 minutos. A esto se sumó la drástica reducción en la lista de expositores: de los más de 120.000 inscriptos, solo se autorizó la presencia de 200 personas.
La tensión escaló cuando diputados del peronismo debieron frenar la audiencia porque la seguridad del Congreso impedía el ingreso de los autorizados. Tras varios minutos de discusión, el propio Mayoraz tuvo que retirarse del recinto para habilitar el paso de los expositores que esperaban en la puerta junto a legisladores de Unión por la Patria. Durante la sesión, los asistentes acusaron a los diputados oficialistas de “reírse” de las presentaciones, lo que vició aún más el clima.
Marta Maffei y Adolfo Pérez Esquivel: Voces contra la «farsa»
El momento de mayor impacto fue la intervención de Marta Maffei, ex diputada y autora de la ley original. “Esta audiencia es de una profunda ilegitimidad. Un puñado de diputados pretende sanear lo que quieren hacer convocando a esta farsa”, disparó Maffei frente a los gritos de “mentira” provenientes del bloque libertario. La docente subrayó que el proyecto es “regresivo y discrecional para que cada provincia haga lo que quiera con nuestra agua”.
Por su parte, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, manifestó su profunda preocupación por el recurso hídrico: “El agua no es una mercancía, es un derecho que se le está quitando al pueblo”. En sintonía, Andrés Nápoli, Director Ejecutivo de FARN, advirtió que la modificación no traerá seguridad jurídica: “Van a ver cientos de demandas con esta ley. No necesita modificarse ni interpretarse, necesita ser cumplida”.
Denuncias por lobby minero y el solitario apoyo de San Juan
La única voz a favor del proyecto oficialista fue la de Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan. Fernández fue abucheado al afirmar que los problemas de agua en su provincia no se deben a la minería, sino a que “el kirchnerismo abandonó las obras de mantenimiento del riego”.
Hacia el final, el abogado ambientalista Enrique Viale denunció que las multinacionales beneficiadas serían Vicuña, Barrick Gold y Glencore. Además, lanzó una grave acusación: “Mañana denunciaré a la senadora Flavia Royón por incompatibilidad con la función pública y cohecho”, alegando que responde a los intereses de la minera Río Tinto.
