La fiscal Ivana Berazategui destacó la implementación de la Ley XV N° 43, que regula el acceso a dispositivos remotos y la preservación de evidencia informática. «El delito cambió y la Justicia tiene que estar a la altura. Hoy muchos delitos se cometen desde un celular o una computadora», afirmó.
Este viernes, la fiscal de Puerto Madryn, Ivana Berazategui , puso de relieve la implementación de la Ley XV N° 43 en Chubut , una normativa diseñada para adaptar la Justicia a la realidad tecnológica actual. Según explicó la funcionaria, la ley surge como una respuesta necesaria ante el incremento de delitos cometidos a través de dispositivos móviles y computadoras.
«El delito cambió y la Justicia tiene que estar a la altura»
“El delito cambió y la Justicia tiene que estar a la altura. Hoy muchos delitos se cometen desde un celular o una computadora. Si la Justicia no tiene herramientas acordes a esa realidad, investigar se vuelve mucho más difícil” , sentenció Berazategui al analizar el nuevo escenario procesal.
Alcance de la Ley XV N° 43 y evidencia digital
La nueva normativa establece reglas claras para el uso de herramientas informáticas en la investigación penal. Entre los puntos más destacados se encuentra la regulación para la obtención y preservación de evidencia digital , la intervención de comunicaciones y el acceso a dispositivos electrónicos de forma remota.
Además, la ley contempla la posibilidad de realizar investigaciones encubiertas en entornos virtuales , una facultad clave para desarticular redes delictivas complejas que operan en el anonimato de la red. “Antes nos encontrábamos con situaciones donde había información relevante en dispositivos, pero sin reglas claras sobre cómo incorporarla como prueba. Esta ley viene a dar seguridad jurídica” , precisó la fiscal.
Capacitación y tecnología en Chubut
A pesar del avance legislativo, Berazategui advirtió que la norma por sí sola no es suficiente para garantizar el éxito de las causas. El desafío institucional ahora se traslada a la faz operativa , donde se requiere de inversión tecnológica y formación especializada para el personal judicial y policial.
La implementación de estas herramientas busca posicionar a la Justicia de la provincia en la vanguardia de la lucha contra el cibercrimen, garantizando que los procesos judiciales cuenten con el respaldo técnico necesario para procesar datos de plataformas digitales de manera válida y eficaz.