Argentina respira, pero el conflicto judicial podría extenderse hasta 2027.
El reciente revés judicial para los demandantes en la Cámara de Apelaciones de Nueva York ha dado un respiro histórico a las arcas argentinas, pero el capítulo legal por la expropiación de YPF está lejos de quedar archivado. Aunque el fallo a favor de la Argentina redujo drásticamente el margen de maniobra de los fondos, los especialistas advierten que existen al menos tres vías procesales que podrían extender el conflicto durante años.
El recurso de revisión «En Banc»: una jugada de baja probabilidad
La alternativa más inmediata para los fondos es solicitar un hearing en banc, un recurso excepcional donde se pide que la totalidad de los jueces del tribunal revisen el fallo, y no solo los tres que intervinieron originalmente. Esta presentación debe realizarse en un plazo de 14 días.
El analista Sebastián Maril explicó la relevancia de este paso: “Si los jueces aceptan, el caso tomaría una dimensión excepcional frente a la justicia neoyorquina”. No obstante, el propio experto y fuentes oficiales coinciden en que la tasa de aceptación de estos pedidos es sumamente baja en el sistema estadounidense, por lo que las expectativas de éxito son limitadas.
La Corte Suprema de EE.UU. y el camino del «Certiorari»
Si la revisión en bloque es rechazada, a los demandantes les queda la instancia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Para llegar allí, deben presentar un recurso conocido como certiorari. Es importante destacar que el máximo tribunal no tiene la obligación de tomar el caso; solo lo hace si considera que existe una relevancia institucional extraordinaria.
El calendario judicial juega un rol clave en esta etapa. Con el receso de julio y la reanudación en octubre, una definición sobre si la Corte acepta o no el caso podría llegar recién a finales de 2026 o incluso trasladar el proceso hasta 2027.
El frente internacional: ¿Un nuevo capítulo en el CIADI?
Existe una tercera vía que no depende de los tribunales de Nueva York: trasladar el reclamo al CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial. Esta jurisdicción permitiría a los fondos abrir un nuevo expediente internacional contra el Estado argentino, manteniendo vivo el litigio bajo reglas de arbitraje de inversión.
Desde el Gobierno nacional, la lectura es de un optimismo cauteloso. “No está todo cerrado, pero está ganado en un 90%”, confiaron fuentes oficiales, sosteniendo que la normativa pública de expropiación prevalece sobre los planteos contractuales de los accionistas. Por ahora, la estrategia jurídica argentina se mantiene firme, a la espera de los próximos movimientos de unos fondos que, tras una década de disputa, no parecen dispuestos a rendirse fácilmente.
