El Gobierno de Javier Milei promulgó oficialmente la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil en el país. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 138/2026, publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina durante la madrugada de este lunes.
La normativa introduce cambios significativos en el sistema penal para menores, entre ellos la baja de la edad de imputabilidad a 14 años y la creación de un sistema de sanciones graduadas que contempla la edad del adolescente y el contexto del delito. Según Noticias Argentinas.
Baja de imputabilidad y nuevas penas para menores
Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es la reducción de la edad mínima para ser juzgado penalmente: de 16 a 14 años, lo que permitirá que adolescentes de esa edad puedan ser imputados por delitos contemplados en el Código Penal.
Además, el sistema establece penas escalonadas, que tendrán en cuenta tanto la edad del menor como las circunstancias en las que se cometió el delito.
En los casos de delitos menos graves, la ley prevé sanciones alternativas a la prisión, como amonestaciones, restricciones de contacto con la víctima, servicios comunitarios o monitoreo electrónico. En cambio, para delitos graves, se contempla la privación de la libertad en instituciones especializadas.
La normativa también fija que las penas privativas de libertad no podrán superar los 15 años, y deberán orientarse a la educación, resocialización e integración social del adolescente.
Cómo fue la votación en el Congreso
El proyecto obtuvo un fuerte respaldo legislativo durante las sesiones extraordinarias del 27 de febrero, cuando el Senado lo aprobó con 44 votos a favor y 27 en contra, consolidando una nueva victoria parlamentaria para el oficialismo.
La iniciativa había sido impulsada por el Gobierno dentro de su agenda de reformas en materia de seguridad y justicia.
Inicialmente, el oficialismo había planteado bajar la edad de imputabilidad a 13 años, pero en medio de intensas negociaciones con bloques dialoguistas decidió elevar el límite a 14 años para lograr el consenso necesario y garantizar su aprobación en el Congreso.
El respaldo político que destrabó la ley
El cambio en el proyecto permitió sumar apoyo de sectores clave del Parlamento, entre ellos legisladores del PRO y la Unión Cívica Radical.
Desde esos espacios consideraban que fijar el límite en 14 años representaba un punto de equilibrio, además de acercar la legislación argentina a la de varios países de América Latina donde la imputabilidad también comienza a esa edad.
De acuerdo con la información publicada por la <a href=»https://www.na.com.ar» target=»_blank»>Agencia Noticias Argentinas</a>, la promulgación de la norma marca el inicio formal de un nuevo esquema legal para abordar los delitos cometidos por adolescentes en el país.
Un cambio estructural en la legislación penal juvenil
El nuevo Régimen Penal Juvenil reemplaza el sistema de minoridad vigente desde hace décadas y propone un enfoque que combina responsabilidad penal con medidas socioeducativas orientadas a la reinserción social.
De esta manera, el Gobierno busca actualizar la legislación penal juvenil frente a una problemática que, según distintos sectores políticos, requería una reforma integral.