El oficialismo busca aprobar la reforma mientras la oposición denuncia riesgos ambientales y «saqueo».
La Cámara de Diputados de la Nación es escenario este miércoles de una de las sesiones más intensas del año. El oficialismo de La Libertad Avanza, respaldado por bloques aliados y gobernadores de provincias mineras, busca convertir en ley la modificación de la Ley de Glaciares, un proyecto que ha despertado un fuerte rechazo en sectores ambientalistas y la oposición.
La jornada comenzó con cruces políticos que excedieron lo ambiental: el kirchnerismo intentó, sin éxito, citar al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que brinde explicaciones sobre sus recientes adquisiciones inmobiliarias y viajes oficiales, lo que caldeó los ánimos antes de entrar de lleno en el debate técnico.
El oficialismo defiende el desarrollo minero sustentable
Desde los bloques que impulsan la reforma, se sostiene que el objetivo no es desproteger el ambiente, sino permitir el desarrollo productivo en zonas donde la presencia de hielo no cumple una función hídrica determinante. El diputado Nicolás Mayoraz (LLA) fue enfático al señalar: “Estamos demostrando que la protección ambiental y el desarrollo sustentable son posibles. Que el medio ambiente se protege y las economías regionales se desarrollan”.
El proyecto es visto como un complemento necesario para el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones (RIGI), buscando atraer capitales extranjeros para la minería de litio y cobre. Según los defensores de la ley, la normativa vigente de 2010 es demasiado restrictiva y frena proyectos que podrían generar empleo y divisas en las provincias cordilleranas.
Duras críticas: “Una ley envenenada” y riesgo hídrico
La oposición, liderada por Unión por la Patria y la Coalición Cívica, desplegó una batería de críticas técnicas y éticas. El dirigente Juan Grabois calificó la iniciativa como una “ley envenenada” y advirtió sobre la contaminación del agua dulce. Por su parte, la diputada Sabrina Selva denunció que la reforma es un engaño: “Es mentira que no van por los glaciares. Esta reforma habilita a que las provincias eliminen glaciares del inventario si no cumplen una función hídrica relevante”, reemplazando —según su visión— el criterio científico del IANIGLA por decisiones políticas provinciales.
Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, también adelantó su voto negativo, recordando su apoyo a la ley original de 2010 y asegurando que no existen argumentos técnicos sólidos para este cambio. En la misma línea, Maximiliano Ferraro (CC) denunció presiones de las empresas mineras en la redacción del texto, calificando el proceso como una «degradación absoluta de la deliberación pública».
Protestas en las calles y rechazo científico
Mientras en el recinto se suceden los discursos, en las inmediaciones del Congreso y en ciudades de todo el país se registran movilizaciones de organizaciones ambientales. Durante la mañana, activistas de Greenpeace vandalizaron el Monumento a los Dos Congresos con carteles que rezaban “La Ley de Glaciares no se toca”.
Científicos y académicos también han expresado su preocupación, señalando que la redefinición de lo que se considera «zona periglacial» podría dejar desprotegidas áreas críticas que alimentan las cuencas hídricas de las que dependen millones de habitantes. El debate continúa y se espera que la votación ocurra entrada la madrugada, en un clima de final abierto respecto a los votos de los bloques dialoguistas.
