Las investigaciones por fraudes virtuales en la región costera derivaron en determinaciones procesales de máxima restricción.
«La jueza de Puerto Madryn rechazó el pedido de prisión domiciliaria y salidas alternativas. Los imputados denunciaron malos tratos antes de ser trasladados.», marcando el inicio de un período de reclusión efectiva para asegurar la evidencia.
Audiencia de control, debate de riesgos y argumentos fiscales
La jueza María Alejandra Hernández dictó tres meses de prisión preventiva efectiva para los tres hombres imputados en la causa por fraudes virtuales que comenzó en la costa chubutense. El fallo judicial determinó el traslado inmediato a centros de detención comunes, descartando de plano las opciones de libertad bajo fianza o restricciones ambulatorias leves. La magistrada convalidó de este modo la petición de máxima restricción formulada por el Ministerio Público Fiscal al inicio de las actuaciones.
El debate sobre la libertad de los acusados se procesó en una audiencia de control de detención que se extendió por más de cuatro horas en los tribunales locales. La fiscalía argumentó que existen “peligros procesales” concretos y que los imputados cuentan con un poder adquisitivo elevado que facilita la elusión de la justicia. La resolución judicial tomó como base estos indicios para fundamentar la necesidad del encierro preventivo como la única garantía para resguardar la producción de pruebas.
Estrategias de la defensa privada y la defensa pública oficial
Las representaciones técnicas de los acusados expusieron distintas objeciones y solicitudes de morigeración ante el estrado:
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Planteo de la defensa particular: El abogado particular Osvaldo Heiber impugnó formalmente la medida de coerción y solicitará la morigeración del arresto domiciliario para su defendido. El letrado remarcó que su asistido tiene 64 años, presenta severos problemas de salud y posee matrícula profesional activa de contador que acredita su arraigo en la comunidad. La defensa sostuvo además que todo el material informático ya se encuentra secuestrado, por lo que planteó que la causa podría encontrar una salida alternativa al proceso penal ordinario.
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Planteo de la defensa pública: La defensa pública oficial, bajo la conducción de Martensen, representó los intereses de los hermanos imputados y se opuso de forma tajante al encierro en un calabozo. El planteo técnico cuestionó la inexistencia de riesgos procesales de suficiente gravedad como para convalidar una medida tan extrema como la privación de la libertad antes de una condena firme. Sin embargo, la resolución de la jueza priorizó declarar el caso “complejo” para blindar la recopilación de datos durante los primeros noventa días de reclusión.
Denuncias por condiciones de detención y garantías constitucionales
Los tres imputados utilizaron su espacio de declaración para radicar una denuncia formal sobre el estado del alojamiento previo al inicio de la deliberación. Los reclusos manifestaron que padecieron condiciones inhumanas de encierro al pasar varias horas completamente incomunicados en las celdas policiales. En sus testimonios ante las autoridades judiciales, recalcaron que no recibieron raciones de almuerzo ni tuvieron la posibilidad mínima de higienizarse correctamente.
Ante esta situación, el tribunal activó los protocolos de control de las condiciones psicofísicas:
Disposición del juzgado: La magistrada interviniente tomó nota de las actas de queja ingresadas por los detenidos y ordenó una verificación inmediata de sus condiciones físicas. El juzgado dispuso la intervención obligatoria de un médico forense para examinar la salud de los reclusos antes de autorizar el traslado definitivo a las unidades penitenciarias. Las actuaciones debieron interrumpirse con un cuarto intermedio dispuesto por la jueza para garantizar el cumplimiento estricto de las garantías constitucionales mínimas de los acusados.
Plazos de la investigación penal y evidencia recolectada
La Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital dispondrá de un plazo máximo de un año para formular la acusación definitiva mientras los sospechosos cumplen el arresto. Los fiscales generales Fernando Rivarola y Eugenia Domínguez sostendrán el encierro cautelar basándose en la ramificación territorial de las supuestas estafas. Este lapso extendido permitirá procesar la información de las cuentas bancarias sin que los imputados puedan interferir en los servidores o servidores virtuales bajo sospecha.
La sustentación del peligro de fuga y la vinculación económica del caso quedó asentada en las actas de los operativos:
Resultados de los allanamientos: El arraigo económico que fundamentó la prisión preventiva quedó acreditado tras el secuestro de 7.400 dólares en efectivo y una suma millonaria en moneda nacional durante diez allanamientos en el AMBA. Los investigadores vincularon la disponibilidad de estas divisas líquidas con la facilidad para eludir la acción de la justicia chubutense si los imputados permanecieran en libertad. La gravedad de la imputación por fraudes a través de una “academia de negocios fraudulenta” terminó de inclinar la balanza hacia la confirmación del confinamiento preventivo de los sospechosos.
La articulación de la prisión cautelar debió instrumentar pautas internacionales fijadas en la Convención de Budapest debido al carácter volátil de la evidencia digital. Fiscales de distintas provincias participaron de la audiencia de manera virtual para monitorear el destino de los sospechosos de liderar la organización. El límite del proceso penal bonaerense y chubutense quedará condicionado a la efectividad de las pericias informáticas sobre los teléfonos secuestrados mientras el contador y los hermanos Germino sigan alojados tras las rejas.