Las determinaciones procesales respecto a las presuntas irregularidades médicas en Chubut entran en una etapa de definición.
La causa conocida como la de los “carnets truchos” en Gaiman volvió a quedar en el centro de la escena judicial luego de la audiencia realizada días atrás en Trelew, donde se discutió la suspensión de juicio a prueba solicitada por el médico Diego Soto Payva, investigado por presuntas irregularidades en la emisión de licencias de conducir.
El fiscal Omar Rodríguez reveló que ahora el juez Fabio Monti deberá resolver si confirma o no el beneficio procesal otorgado al profesional, luego de la impugnación presentada por el intendente de Gaiman, Darío James.
Naturaleza del beneficio y la postura del Ministerio Público Fiscal
El Ministerio Público Fiscal precisó el alcance legal de la medida alternativa solicitada por la defensa del imputado:
-
Alcance de la medida: Rodríguez aclaró que la suspensión de juicio a prueba “no es una condena ni un acuerdo indemnizatorio”, sino una herramienta prevista en la ley para determinados casos penales.
-
Reparación ofrecida: En ese marco, señaló que Soto Payva realizó un ofrecimiento económico considerado “razonable” como parte de las condiciones exigidas para acceder al beneficio.
En relación con el rol institucional del Ejecutivo local dentro del legajo de investigación, el fiscal expuso los límites formales de su participación:
Legitimación y personería de la comuna: “El proceso estuvo abierto durante un año y la Municipalidad de Gaiman nunca se constituyó como querellante”, explicó el fiscal, quien además sostuvo que el municipio “no reviste el carácter de víctima” dentro de la causa, ya que el bien jurídico afectado es la fe pública.
Mecánica de la maniobra e inhabilitaciones administrativas
La investigación determinó que se habrían falsificado al menos 158 certificados vinculados a licencias profesionales. Según detalló Rodríguez, las personas retiraban la planilla oficial en el municipio, la llevaban al centro médico y luego la presentaban nuevamente para obtener el carnet.
El fiscal también confirmó que todos los carnets cuestionados fueron secuestrados y que quienes los habían obtenido debieron volver a realizar el trámite correspondiente.
Asimismo, la hipótesis delictiva evalúa la conducta de los ciudadanos que se beneficiaron de las emisiones irregulares:
-
Responsabilidades secundarias: En relación a posibles responsabilidades, Rodríguez remarcó que también podría existir responsabilidad de quienes tramitaron las licencias “sabiendo que no habían sido revisados” por profesionales médicos.
-
Órbita de sanciones: Por último, aclaró que cualquier eventual inhabilitación de Soto Payva para continuar realizando aptos médicos dependerá de organismos administrativos y no de la Justicia Penal.
Avances en legajos conexos: la situación del ex fiscal Martín Castro
Por otro lado, Rodríguez también se refirió a la investigación que involucra al ex fiscal Martín Castro, vinculada a la difusión de un video donde se observa la entrega de dinero.
Indicó que actualmente la causa se encuentra en etapa pericial, con análisis de teléfonos celulares secuestrados para extraer información que pueda aportar elementos a la investigación. Respecto al estatus legal actual de dicho procedimiento, el fiscal concluyó: “Hoy las personas involucradas continúan en calidad de imputadas, pero todavía no existe una formalización concreta de cargos”.