El Gobierno Nacional dio un paso decisivo en su estrategia de desregulación económica con la apertura de las ofertas técnicas para la venta de las acciones estatales en Transener
Este movimiento marca el inicio formal de la salida del Estado del control directo de la principal transportista de energía eléctrica en alta tensión del país, profundizando el cambio de paradigma en el sector energético.
El Estado se desprende del control de CITELEC S.A.
La Secretaría de Energía de la Nación confirmó que tres grupos empresarios formalizaron su interés en adquirir el paquete accionario que el Estado posee en CITELEC S.A., la sociedad controlante de Transener. Esta licitación pública nacional e internacional se enmarca en el plan de privatización de activos pertenecientes a Energía Argentina S.A. (ENARSA).
Con este proceso, la gestión actual busca restablecer el esquema original del Marco Regulatorio Eléctrico. Bajo esta normativa, el transporte de energía debe ser operado por el sector privado, mientras que el rol estatal se limita exclusivamente al control y la regulación del servicio a través de los organismos competentes.
La relevancia estratégica de la red eléctrica nacional
Transener no es una empresa más en el mercado; es el corazón del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Su infraestructura es crítica para el funcionamiento del país, ya que administra más de 12.600 kilómetros de líneas de 500 kV. Además, posee una red que se extiende por 3.700 kilómetros, uniendo el norte con el sur del territorio nacional.
La magnitud de este sistema bajo concesión explica el hermetismo y la rigurosidad en la evaluación de los antecedentes técnicos de los oferentes. Según el cronograma oficial, tras la apertura de los sobres técnicos vendrá la etapa de las ofertas económicas. El Gobierno prevé que la adjudicación definitiva se concrete el próximo 3 de julio.
Un cambio de época en la provisión eléctrica
Esta venta pone fin a un período donde el Estado Nacional intervino directamente en la transmisión y transformación de electricidad. La medida representa un alejamiento del rol estatal que predominó hasta la asunción de la actual administración, devolviendo la operatividad de los activos estratégicos al capital privado en un mercado que busca atraer nuevas inversiones.