En medio de una escalada del precio del petróleo que ya superó los US$100 y una inflación que no da tregua, el Gobierno decidió postergar nuevamente la actualización del impuesto a los combustibles.
Mediante el Decreto 217/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo trasladó los incrementos remanentes para mayo, buscando evitar un impacto mayor en los surtidores y atenuar la presión sobre los precios. La decisión, que ya se repite en varias oportunidades desde 2024, implica una nueva resignación de ingresos fiscales en un contexto global donde la guerra en Medio Oriente mantiene en vilo a los mercados energéticos.
Un nuevo capítulo de postergaciones: el impuesto no sube en abril
El Gobierno definió volver a diferir los incrementos remanentes en los montos de los Impuestos sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono, derivados de las actualizaciones correspondientes a los años calendario 2024 y 2025. La medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.
En el documento oficial, el Ejecutivo explicó que se resolvió posponer el incremento “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”, considerando “necesario, para los productos en cuestión, volver a diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.
La decisión llega en un escenario de creciente presión sobre los precios energéticos por la guerra en Medio Oriente, buscando evitar un mayor impacto en los surtidores y atenuar el efecto en la inflación que se viene acelerando en los últimos meses.
El contexto: petróleo por encima de los US$100 y una inflación que no cede
La postergación no es un hecho aislado. Desde septiembre del año pasado, el Ejecutivo dispuso que las subas del impuesto a los combustibles se calculen en base a la inflación y se actualicen de forma trimestral. Pero en la práctica, la administración de Javier Milei desdobló o postergó en varias oportunidades la actualización de los impuestos fijados a los combustibles, con el objetivo de evitar un impacto considerable en los precios exhibidos en los surtidores y por consiguiente en la inflación.
Ahora, el contexto internacional agrega un condimento extra. La guerra entre Irán y Estados Unidos e Israel mantiene el precio del petróleo en la zona de los US$100, y el Gobierno decidió esperar a que el conflicto cese antes de aplicar los incrementos diferidos. La nueva fecha para aplicar los aumentos es mayo.
El costo fiscal de la medida: US$2.326 millones menos en las arcas del Estado
Las postergaciones de los aumentos impositivos a los combustibles no son gratis para las cuentas públicas. Según la estimación de la consultora Economía y Energía, las decisiones tomadas en 2025 implicaron una resignación de ingresos fiscales por un total de US$2.326 millones.
El nuevo diferimiento de abril profundiza esa tendencia. El Gobierno apuesta a que la estabilización del conflicto en Medio Oriente le permita aplicar los incrementos en mayo sin generar un impacto desmedido en los precios. Pero mientras tanto, el costo fiscal sigue creciendo y la presión sobre los surtidores se mantiene latente.
Un detalle patagónico: el gasoil tiene un régimen especial
Dentro del decreto, también se estableció un monto fijo diferencial para el gasoil destinado a consumo en las provincias patagónicas, el Partido de Patagones en Buenos Aires y el Departamento de Malargüe en Mendoza. La medida busca atenuar el impacto en una región que históricamente sufrió los efectos de los aumentos en los combustibles por la dependencia del transporte y la logística.
El Ejecutivo confía en que, para mayo, el escenario internacional se haya despejado y permita aplicar los incrementos sin sobresaltos. Pero la historia reciente muestra que, cuando se trata de impuestos a los combustibles, el Gobierno prefiere postergar antes que arriesgar un golpe a la inflación.