La Justicia anuló la intervención de Cristina Kirchner en el PJ de Jujuy y designó a un normalizador.
En un fallo que sacude la estructura interna del peronismo, la Justicia Federal de Jujuy resolvió anular la intervención que Cristina Kirchner, como presidenta del PJ Nacional, mantenía sobre el distrito jujeño. La sentencia no solo desplaza a los interventores designados por la exmandataria, sino que nombra en su lugar a Ricardo Guillermo Villada, un dirigente que responde directamente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz.
El fin de la era de Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez
La resolución del juez Esteban Eduardo Hansen dejó sin efecto las actuaciones de Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, quienes estaban a cargo del partido en la provincia. La presentación judicial que originó este cambio fue impulsada por la senadora nacional Carolina Moisés, junto a otros referentes locales, quienes denunciaron la falta de garantías democráticas y la postergación indefinida de las elecciones internas.
El magistrado fue categórico al describir la situación: el PJ local se encontraba en un estado de “anormalidad institucional”. Entre los puntos más críticos, el fallo destaca la suspensión masiva de más de 300 afiliados —incluyendo precandidatos— sin derecho a defensa, lo que fue interpretado como una maniobra para excluir a sectores internos bajo el pretexto de sanciones disciplinarias.
Un revés para La Cámpora y la conducción nacional
Este movimiento judicial representa un triunfo político para el bloque de gobernadores y dirigentes del peronismo del NOA, liderados por Gustavo Sáenz, quienes vienen cuestionando la incidencia de La Cámpora en la toma de decisiones del PJ Nacional.
Ricardo Villada, actual ministro de Gobierno de Salta, tendrá ahora la misión de normalizar el partido en un plazo de 180 días. Durante este período, deberá presentar informes quincenales ante la Justicia Federal detallando los avances hacia la realización de elecciones internas «limpias y transparentes».
Cronograma de dilaciones y falta de organización
La sentencia también puso la lupa sobre el cronograma electoral fallido. Las elecciones internas se habían pospuesto sucesivamente desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2026. Incluso una nueva convocatoria fijada para el 24 de abril de 2026 fue declarada inviable por el juzgado, debido a la “ausencia absoluta de voluntad real” y la falta de documentación que respaldara la organización material del acto eleccionario.
Con la designación de Villada, se busca cerrar un ciclo de casi tres años de acefalía y conflictos judiciales. El objetivo final, según el dictado de Hansen, es restablecer los derechos políticos de los afiliados y asegurar que los mecanismos democráticos de renovación de autoridades se cumplan sin restricciones arbitrarias, marcando un precedente en la autonomía de los distritos provinciales frente a la conducción central.