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Se trata de Jorge Baudés y Esther Gutiérrez, quienes visitaron este jueves al intendente capitalino, Damián Biss, para hacer entrega de presentes enviados por las Municipalidades de las provincias de Salta y Jujuy. La participación en las provincias fue a través de una convocatoria por la Sociedad Argentina de Escritores. 

Ambos escritores, quienes fueron declarados como embajadores culturales de Rawson, participaron de la Primera Feria Municipal del Libro de la ciudad.

En este sentido, el escritor Jorge Baudés, comentó que “hemos visitado al Intendente para compartirle las experiencias que hemos vivido hace muy poco en las provincias de Salta y Jujuy, en donde hemos sido convocados por la Sociedad Argentina de Escritores de cada provincia y, en ese ámbito hemos podido llevar una impronta de la cultura chubutense a través de nuestros libros, escritos, charlas y conferencias que hemos dado en las escuelas a más de 500 chicos y a más de 150 profesores de diferentes regiones”.

“Para ello hemos contado con el apoyo del señor Intendente que nos ha declarado embajadores culturales de nuestra ciudad y a través de ello, se nos abrieron muchas puertas, ya que hemos llegado como representantes de una provincia y, sobre todo de una ciudad capital”, resaltó el escritor.

En este contexto, señaló que “buscamos mostrar al resto del país que aquí se piensa, se comparte y se crece y además que tenemos mucho para dar y recibir”.

Por su parte, Esther Gutiérrez, sostuvo que “la recepción del Intendente ha sido muy buena. Nos ha brindado su apoyo y colaboración”, y agregó que “en esta oportunidad, le hemos transmitido todo lo que nos han dedicado en dichas provincias para la ciudad de Rawson”.

Finalmente, indicó que “hemos traído de la provincia de Jujuy algunos obsequios que nos han brindado para el Intendente Biss”.

En horas de la madrugada la Policía provincial reprimió a manifestantes en la localidad norteña de Humahuaca.

Hay heridos y detenidos. Es necesario que los gremios llamen al paro.

Desde el día de ayer un grupo de manifestantes se encontraban exigiendo el rechazo a la Reforma de la constitución a los concejales.

Por presión popular, una vez realizada la votación de rechazo, la policía comenzó la represión en horas de la madrugada del sábado.

Las familias denuncian que hay entre tres y seis heridos con balas en cuello, torax y en los ojos, los cuales fueron atendidos en el hospital local. Aún no se pudo corroborar la cantidad de detenidos.

Docentes agrupados en la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) de Jujuy, que mantienen un paro por tiempo indeterminado en la provincia, marcharon hoy hasta la sede del ministerio de Educación local, en reclamo de paritarias y contra la reforma de la Constitución aprobada y jurada la semana pasada.

Gonzalo Armoa, integrante de la delegación, reveló que «cuando uno ve la cantidad de heridos de bala de goma, más de 20 disparos en el cuerpo, en otro 13, no es que tienen un solo disparo, tienen muchos; y los que tienen pocos por lo general son en el pómulo, ojos, cejas o área del cuerpo prohibidas no solo nacional sino internacionalmente».

El trabajo realizado por el equipo de referentes sociales, políticos y sindicales permitió la recepción de más de 150 denuncias en sus visitas a Purmamarca, Tilcara, Abra Pampa, Uquía, Perico y San Salvador de Jujuy.

«Lesiones en zonas vitales como pecho y espalda; sobre todo nos llamó la atención heridas de bala a gente mayor, gente de las comunidades, muchos jóvenes con disparos en la cara, moretones que podría darse a entender que son de piedrazos y gente que ha respirado gases sufriendo irritación en su garganta y ojos», explicó Armoa.

Además, observaron situaciones de «criminalización y revictimización de muchas de las personas heridas o incluso detenidas arbitrariamente».

El sábado 17 de junio, en la intersección de las rutas nacionales 9 y 52 en la entrada a Purmamarca, efectivos de Infantería de la policía reprimieron en cuatro ocasiones a manifestantes que cortaban el tránsito y hubo heridos con balas de goma y casi 30 detenidos.

Los ataques se produjeron en medio de protestas de comunidades originarias y organizaciones sociales en el norte de Jujuy, en apoyo a diversas demandas y contra la reforma parcial de la Carta Magna provincial que fue aprobada por una Asamblea Constituyente.

El 20 de junio hubo otra violenta represión policial frente a la Legislatura provincial, mientras se aprobaba y juraba la nueva Constitución, con más de 170 heridos y 68 detenidos.

«Además de reprimir a los docentes, sindicatos y a los movimientos sociales han reprimido comunidades enteras, gente que en su vida habían tenido algún tipo de participación activista, política y demás y que estaban en los cortes en solidaridad con su propia comunidad o pueblo», remarcó Armoa.

Después de procesar los datos harán un informe preliminar para luego elevarlo a distintas instancias internacionales como la ONU, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONG’s internacionales y a todos los organismos competentes ya sea judiciales como legislativos y ejecutivos del ámbito nacional.

La Policía desalojó a manifestantes

El avance policial se registró este lunes cuando efectivos de Infantería formaron columnas y desalojaron a los manifestantes que se encontraban cortando la ruta 66 a la altura de Finca El Pongo, en cercanías de la ciudad jujeña de Perico en rechazo a la reforma parcial de la Constitución provincial.

Entre los movilizados se encontraban pequeños productores, docentes y trabajadores estatales, quienes evitaron el enfrentamiento y continuaron su reclamo al costado del corredor vial.

«Mientras la delegación realizaba sus tareas de relevamiento de testimonios en el corte de El Pongo, Perico, la policía provincial se presentó con una orden de desalojo», indicaron desde un colectivo de derechos humanos que permanece en la provincia.

En ese marco aseguraron que los manifestantes brindaban el paso de vehículos de manera intermitente por lo que el corte no se realizaba en forma total en ese corredor, ubicado a unos 35 kilómetros de la capital jujeña.

Las personas apostadas en el lugar denunciaron la «intimidación» de los efectivos policiales a través de videos que grabaron con sus celulares, los cuales se multiplicaron en las redes sociales.

Integrantes de las comunidades indígenas de la provincia emprendieron un viaje a Buenos Aires para reunirse con el presidente Alberto Fernández y así denunciar «la persecución» a dirigentes y la «violencia institucional» ejercida por la policía jujeña.

Se trata de nueve personas que integran el denominado «Tercer Malón de la Paz», designadas por sus pares en asamblea realizada en pleno corte de ruta en las intersecciones de las rutas 9 y 52 a la altura de Purmamarca.

La medida abarca a trabajadores de nivel inicial y primario nucleados en Adep, quienes consideraron insuficiente la propuesta de un mínimo de $ 200.000 presentada por el Gobierno.

La Enseñanza Media y Superior y los privados, por el contrario, levantaron la huelga.

Docentes autoconvocados de Jujuy realizaron este domingo una marcha de antorchas contra la decisión del gremio de educadores de enseñanza media y superior de levantar las medidas de fuerza en reclamo por salarios dignos y contra la reforma constitucional, y exigieron la realización de una nueva asamblea que garantice una participación más amplia.

«No hubo una representación legítima ya que muchos de los docentes que no estaban de acuerdo no pudieron llegar a Capital por los cortes de rutas y se apeló a representantes que sí estaban a favor de levantar la medida», indicó a Télam la docente jujeña María Florencia Ponce.

Ponce añadió que la marcha, que se realizó en el centro capitalino, reflejó «el descontento de la mayoría» de los docentes del nivel medio y superior y reclamó al sindicato una asamblea extraordinaria después de la realizada el sábado en la que se ponga a consideración «no solo el tema salarial sino también por la caída de la reforma constitucional».

Los autoconvocados firmaron una nota pidieron impugnar la asamblea de ayer del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems) que decidió bajo protesta levantar el paro por tiempo indeterminado después de tres semanas.

«A profesores que llegaron a destiempo desde otras localidades no los dejaron entrar, en cambio sí participaron colegas que no estuvieron en las marchas, aparecieron a esta reunión y mocionaron todas las propuestas en contra de todos los pedidos que venimos realizando», afirmó Ponce.

«Nos resulta muy arbitrario todo lo que se resolvió en la asamblea», remarcó y denunció que «hubo gente pagada a favor de levantar el paro y volver a las aulas».

Según la secretaria general del Cedems, Mercedes Sosa, «se decidió levantar el paro, pero bajo protesta», y una reducida diferencia de votos permitió avanzar en aceptar la oferta salarial.

Los docentes comenzaron a reclamar en marzo por sus salarios. Sus sueldos eran los más bajos del país. Ante la falta de acuerdo, empezaron las protestas en las calles, a las que se sumaron otros gremios con sus demandas.

En paralelo, Morales comenzó con un proceso de reforma constitucional que limita, entre otras cuestiones, el derecho a la protesta, derechos de las comunidades indígenas y el uso de recursos naturales.

El proceso de sesión de la Constituyente debía durar 90 días. Pero la Asamblea acortó el plazo a tres semanas. Algunos de sus miembros renunciaron por la falta de transparencia del proceso. Mientras, el Ejecutivo presentó un decreto para limitar las protestas que estaban sucediendo.

La reforma fue aprobada en tiempo récord, sin generar canales de comunicación con la sociedad y sin contar con la participación de las comunidades indígenas, muchas de las cuales están preocupadas por la extracción de litio en la zona que habitan.

En distintos puntos de la provincia hubo movilizaciones de rechazo. Esas marchas fueron reprimidas con balas de goma, que provocaron decenas de heridos y detenciones arbitrarias. También hubo denuncias sobre la presencia de policías infiltrados.

Morales se arrogó el derecho de retroceder con algunos puntos de la Constitución pero las demandas siguen en las calles y la represión continúa. En este momento hay detenides y las organizaciones denuncian cacerías contra les manifestantes.

Junto a otras organizaciones de derechos exigimos el cese de la represión a las manifestaciones y la suspensión de la reforma constitucional.

Vicegobernadores de trece provincias expresaron esta tarde su repudio “a la brutal represión” en Jujuy, ordenada por el gobernador Gerardo Morales ante la protesta por la reforma constitucional de ese distrito, y consideraron que se trata de “una demostración de su vocación de señor feudal”.

En el texto se destaca que “el pueblo de Jujuy se manifestaba en defensa de su derecho a un salario digno y en procura de impedir que haya más restricciones por medio de una reforma constitucional sancionada en un proceso velozmente irregular a espaldas de las y los jujeños”.

Ayer, una violenta represión policial que se extendió en Jujuy por más de cuatro horas sobre manifestantes que protestaban contra la reforma de la Constitución provincial dejó un saldo de 170 heridos y al menos 68 detenidos.

En el texto, las y los vicegobernadores consideraron que Morales, “en una demostración más de su vocación de señor feudal, fue alternativamente constituyente y gobernador en lapsos de horas durante la rápida tramitación de la nueva constitución”.

En este sentido consideraron que la nueva carta magna “limita derechos básicos establecidos por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales a los cuales adhiere la República Argentina”.

“Morales aplicó en esta ocasión una mecánica similar a la que utilizó cuando asumió como gobernador e impulsó que dos diputados afines votaran una ampliación del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy y que luego, a continuación, juraran como miembros de ese cuerpo”, consideraron.

El documento lleva la firma de los vicegobernadores Verónica Magario (Buenos Aires), Rubén Dusso (Catamarca), Analía Rach Quiroga (Chaco), Ricardo Sastre (Chubut), María Laura Stratta (Entre Ríos) Eber Solis (Formosa); Mariano Fernández (La Pampa), Florencia López (La Rioja), y Antonio Marocco (Salta).

También adhirieron de Roberto Gattoni (San Juan), Eugenio Quiroga (Santa Cruz), Alejandra Rodenas (Santa Fe), y Carlos Silva Neder (Santiago del Estero).

Además, destacaron que “mientras docentes y trabajadores estatales sufrían la represión policial, Morales, miembro de Juntos por el Cambio y aspirante a ser presidente o acompañar en la fórmula a Horacio Rodríguez Larreta, difundió adrede una noticia falsa para intentar responsabilizar ‘al kirchnerismo’ de los incidentes que sus políticas regresivas causaron”.

En ese sentido, recordaron que el gobernador jujeño “utilizó una foto de un acto de la militancia peronista de hace más de un año realizado en la provincia de Buenos Aires”.

Para las y los vicegobernadores “fue tan evidente la violación de derechos que sufrieron las y los jujeños reprimidos, que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos de las Naciones Unidas instó hoy a Morales a ‘respetar los estándares de uso de la fuerza provincial’”.

En el documento plantean que ante esta situación “las y los integrantes de expresiones políticas democráticas alzamos nuestra voz y exigimos que se deje de atentar en Jujuy contra la convivencia pacífica y que se respete lo que nos llevó 40 años construir: una democracia en la que reine el respeto por los derechos básicos consagrados por la Nación argentina”.

Además, plantearon su “profundo desagrado por el intento de aprovechamiento político, sobre la base de acusaciones infundadas e irresponsables, que hizo hoy el nivel nacional de Juntos por el Cambio, con una conferencia de prensa de campaña cuya finalidad no fue, precisamente, la de llevar tranquilidad a las y los argentinos, sino todo lo contrario”.

Sobre el final expresaron su repudio a “este modo de hacer política sobre la base de recorte de derechos y amenazas de ajustes para construir un país para pocos, como el que impulsaron entre 2016 y 2019, que sólo puede llevarse a cabo con represión y cancelaciones, como lo que hemos visto estos días en Jujuy”.

El presidente Alberto Fernández sostuvo que los hechos de represión en Jujuy «son inadmisibles en nuestra vida democrática» y señaló que «a tal punto ha llegado el conflicto generado por el Gobierno» de esa provincia «que por primera vez en mucho tiempo algo acaecido en nuestro país ha provocado el alerta y condena de organismos internacionales defensores de los derechos humanos» como la ONU y Amnistía Internacional.

Estos organismos «se han pronunciado de forma clara y contundente clamando de manera inmediata el cese de la violencia estatal» en Jujuy, indicó el mandatario al brindar un mensaje desde la Casa Rosada.

El avance policial comenzó poco después de las 11 contra una nueva y multitudinaria marcha que congregó a múltiples sectores de la sociedad en la capital jujeña contra la reforma en las puertas de la Legislatura, mientras en su interior se aprobaba y juraba la nueva Carta Magna local.

Efectivos de infantería de la policía jujeña se enfrentaron con los manifestantes, arrojando balas de goma y gases lacrimógenos, respondiendo al lanzamiento de piedras, en un clima de tensión en las calles de la capital jujeña que se extendió por más de cuatro horas por diversas arterias.

Durante los incidentes la policía arrojó capsulas de gas lacrimógeno, piedras con hondas y balas de goma, lo que provocó una gran cantidad de heridos integrantes de distintos sectores.

A la represión se sumaron efectivos del Grupo Especial Motorizado, mientras se agudizaban los enfrentamientos, pero esta vez en calles más alejadas de la Legislatura provincial.

Uno de los manifestantes -perteneciente al Movimiento Argentina Rebelde (MAR), identificado como Nelson Mamaní- fue herido gravemente en la cabeza y trasladado en ambulancia al hospital Pablo Soria.
Mamaní fue intervenido quirúrgicamente y permanecía internado «con pronóstico reservado», señaló a Télam Gladys Aramayo, integrante del MAR, quien reclamó: «Ojalá todo salga bien porque en único responsable de todo esto es Gerardo Morales».

Además, en los incidentes resultaron heridos varios periodistas, entre ellos el camarógrafo de Télam Daniel Bello, quien resultó lesionado en la cara por el impacto de una bala de goma policial.

Por otra parte, organismos provinciales de derechos humanos denunciaron la detención de varios integrantes de la agrupación HIJOS-Jujuy, como Eva Arroyo, Carolina Luna, Néstor Mendoza, y Ana Uro, quienes participaban de la marcha.

Desde el colectivo HIJOS advirtieron que tanto Arroyo como Uro son testigos con protección en causas por delitos de lesa humanidad que tramita la Justicia federal en la provincia de Jujuy.

Impulsada por el gobernador y precandidato presidencial Gerardo Morales, la reforma parcial de la Constitución de Jujuy, que prohíbe los cortes de calles y de rutas en la provincia, fue aprobada y jurada este martes en medio de graves incidentes en las calles de la ciudad capital.

La Carta Magna jujeña, que no era reformada desde 1986, causó una ola de rechazos entre los sectores de los trabajadores, organizaciones sociales, desocupados y comunidades de pueblos indígenas que ven con preocupación la quita de derechos conquistados en democracia.

En la Cámara de Diputados, Morales, presidente de la convención constituyente, dirigió el proceso de modificación del texto constitucional, aprobado y jurado entre los convencionales del oficialismo y del Partido Justicialista elegidos el 7 de mayo pasado en las elecciones generales de la provincia.

Desde su nacimiento como proyecto, para ser convertida en Ley a fines de septiembre del año pasado, la iniciativa fue tomada como un caballito de batalla de la actual gestión, convocando a «un gran debate de los jujeños» en sus comienzos.

Se abrió una etapa de consultas con diversos sectores de la sociedad que emitieron su opinión en torno a las modificaciones a incluir, pues el nuevo texto abarca más de 60 artículos. 

Sin embargo, los cuestionamientos a la reforma fueron en aumento, en especial en este mes, cuando las protestas de los estatales por salarios dignos sumaron a la consigna el «No a la nueva reforma», ya que sostienen que es «retrógrada y quita derechos».

Las comunidades originarias fueron las que levantaron la bandera de reclamo en gran parte de la provincia y esto se visibilizó con más fuerza en estos días con cortes de ruta para exigir directamente la anulación de la reforma constitucional oficialista.

Frente al conflicto y antes de la jura, Morales dio marcha atrás para revisar dos artículos, el 36 y el 50 (relacionados con derechos de los pueblos originarios), que ya habían sido aprobados y volvieron a la redacción vieja del ’86.

A la vez ratificó el contenido del artículo 67 que limita la protesta social. «No solo es solo por uno o dos artículos contra nuestros derechos, la lucha es contra toda la reforma», dijeron a Télam referentes de Nación Kolla que representa a comunidades indígenas de la quebrada y puna jujeña.

La sesión preparatoria de la Convención Constituyente se realizó el 22 de mayo, tras lo cual se habilitó un plazo de tres meses para llevar adelante un debate de la norma, aunque la discusión concluyó en menos de un mes.

Tras quedar reglamentado el funcionamiento del cuerpo, se dio inicio trabajo de las siete comisiones sobre educación, cultura, salud, seguridad, derechos, deberes, garantías, régimen electoral, municipal y de otros temas, incluyendo la comisión redactora.

Un tema que fue apareciendo sobre la marcha y que generó un fuerte rechazo fue la intención del Gobierno y sus constituyentes de suprimir las elecciones de medio término (cada dos años) modificando la Carta Magna, pero esto quedó en el camino ya que ni siquiera se lo presentó como parte de un artículo.