La causa por la muerte de Ángel López ya no se mueve sólo sobre el expediente penal que terminó con la detención de su madre y de la pareja de ella. Ahora sumó otra derivación: la Fundación Más Vida denunció a las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín, a quienes señala por los informes que favorecieron que el nene fuera a vivir con su madre en Comodoro Rivadavia.
La discusión, desde ese punto, dejó de mirar únicamente el desenlace y empezó a revisar también la cadena de decisiones previas.
La imputación apunta a violación de los deberes de funcionario público y a la elaboración de un informe falso o falso testimonio. La fundación sostiene que las profesionales actuaron como peritos designados en la causa de familia y que su intervención fue determinante para orientar la revinculación.
El punto más sensible: «No realizaron el informe ambiental»
La crítica más directa contra las psicólogas se concentra en una omisión puntual. La fundación les atribuye no haber hecho el estudio del entorno donde el nene iba a vivir y resume esa falencia con una frase que quedó en el centro del cuestionamiento: «No realizaron el informe ambiental». Desde esa acusación derivan otra conclusión más amplia: que las profesionales «ni siquiera conocían las condiciones» en las que Ángel quedaría alojado.
Ese planteo se enlaza con otros datos que la denuncia reúne para sostener que la revinculación no debió avanzar como avanzó. Allí aparecen la afirmación de que Mariela Altamirano ya había abandonado a Ángel cuando era muy chico, la referencia a que la Justicia le había quitado antes la tenencia de otro hijo y la descripción de una vivienda precaria donde, según distintos reportes, la familia dependía de un comedor barrial para asegurar al menos una comida diaria.
El informe escolar: Ángel estaba «enojado y angustiado»
La denuncia también se cruza con otra señal que apareció fuera del juzgado y antes del final de la historia. Un informe escolar incorporado a la causa dejó asentado que Ángel se mostraba «enojado y angustiado» en los días previos a mudarse con su mamá, y ese registro surgió en paralelo a un cambio abrupto en su comportamiento. La maestra plasmó esas observaciones antes de que el chico dejara el jardín, de modo que ese documento pasó a tener valor como indicio de un deterioro que alguien había alcanzado a ver.
El nuevo frente judicial: ¿responsabilidad profesional?
Lo que vuelve delicada esta nueva derivación es que no se discute una opinión menor ni una intervención secundaria. El expediente penal ya fijó un cuadro gravísimo, con prisión preventiva para la madre y su pareja, pero la denuncia contra las psicólogas empuja otra revisión: la de los criterios profesionales que acompañaron una decisión judicial previa.
En otras palabras, el caso dejó de preguntar sólo quién golpeó a Ángel y empezó a preguntar también quiénes no advirtieron, o no ponderaron, las señales que debían pesar antes de moverlo de casa.
Lo que viene: ¿avanzará la denuncia?
Ese es el punto que ahora queda abierto. Si la denuncia avanza, la discusión pasará a centrarse en la responsabilidad técnica e institucional de los informes que respaldaron la revinculación; si no prospera, el cuestionamiento seguirá igual instalado sobre la forma en que se evaluó el interés del niño antes del traslado.
La causa por el homicidio ya tiene imputados y una investigación en marcha, pero alrededor de esos hechos crece otra cuenta pendiente: revisar si el sistema que debía proteger a Ángel leyó a tiempo todo lo que tenía enfrente.
La muerte de Ángel López abrió un nuevo frente judicial. La Fundación Más Vida denunció a las psicólogas que avalaron la revinculación del nene con su madre, señalando que «no realizaron el informe ambiental». El caso ya no pregunta sólo quién mató a Ángel, sino también quiénes no advirtieron las señales de peligro.
