La reciente evacuación de un colegio debido a una amenaza de bomba fue el detonante para que autoridades municipales, judiciales y educativas se reunieran en el Bingo Municipal
El encuentro buscó unificar criterios ante una problemática que dejó de ser aislada para convertirse en un fenómeno recurrente que preocupa a toda la comunidad.
Durante la jornada, los referentes coincidieron en que los conflictos escolares actuales están profundamente atravesados por el impacto de las redes sociales y nuevas formas de violencia entre adolescentes. La meta es clara: dejar de reaccionar ante la crisis consumada y empezar a prevenir de manera articulada.
El rol de las redes sociales y el desborde institucional
Roberto Neme, representante del municipio, puso el foco en cómo la tecnología ha reconfigurado la socialización de los jóvenes. Según explicó, el esquema tradicional donde la familia educaba y la escuela instruía ha quedado obsoleto frente a la influencia constante de los consumos digitales.
“La escuela refleja lo que vivimos como sociedad”, afirmó Neme, advirtiendo que las instituciones educativas hoy se encuentran desbordadas por dinámicas de vinculación que nacen fuera de las aulas pero estallan dentro de ellas. El debate sobre la regulación de dispositivos y el uso responsable de la inteligencia artificial se perfila como una política pública necesaria y urgente.
Una crisis de las adolescencias que llega a la Justicia
Por su parte, el defensor público penal Lucio Hernán Brondes fue categórico al definir la situación actual como una «crisis de las niñezas y adolescencias». Alertó sobre el inicio temprano en consumos problemáticos, las apuestas online y la organización de grupos para enfrentamientos físicos, fenómenos que circulan con una velocidad inédita.
Brondes remarcó que, cuando un caso llega al sistema judicial, la prevención ya fracasó. Por ello, la mesa de trabajo apunta a que los conflictos no sean «arrojados» a la Justicia como única solución, sino abordados previamente por equipos interdisciplinarios que incluyan a las familias y al entorno social del menor.
Hacia una estrategia común y permanente
La reunión en Madryn no se planteó como un espacio de catarsis, sino como el punto de partida para un cronograma de plenarios periódicos. El objetivo final es que cada actor —desde el docente hasta el funcionario judicial— sepa exactamente cómo proceder ante una amenaza o un hecho de violencia.
Lejos de buscar culpables, la comunidad organizada de Puerto Madryn intenta construir un esquema de responsabilidades compartidas. La señal es contundente: la violencia escolar ya no se delegará de oficina en oficina, sino que se enfrentará con una estrategia integral y presencia adulta efectiva.
