Restringen el acceso a Casa Rosada por presuntos vínculos con el espionaje ruso.
En una jornada de máxima tensión en la sede del Poder Ejecutivo nacional, varios cronistas acreditados fueron impedidos de ingresar a la Casa Rosada este lunes. La medida, que generó versiones cruzadas y sorpresa en la sala de periodistas, se justifica bajo la sospecha de que los medios para los que trabajan formarían parte de una red de desinformación financiada por el espionaje ruso para desestabilizar la gestión de Javier Milei.
Una medida «preventiva» por sospecha de traición a la patria
Voceros oficiales de la administración libertaria confirmaron que la decisión de bloquear el ingreso de ciertos profesionales tiene un carácter «preventivo». El Gobierno nacional ha manifestado su intención de citar individualmente a los directivos de los medios señalados para esclarecer el origen de su financiamiento.
Según fuentes gubernamentales, las consecuencias podrían ser severas: “En caso de comprobarse, se hará la denuncia que puede ser por traición a la patria o injerencia de una nación extranjera”, advirtieron. Esta drástica determinación surge tras la publicación de un informe de la organización openDemocracy, el cual denuncia la existencia de un «grupo de tareas» ruso denominado “La Compañía”.
El informe que desató el conflicto: 283.000 dólares bajo la lupa
El documento en el que se basa el Ejecutivo sostiene que la organización rusa habría desembolsado aproximadamente 283.000 dólares para financiar la publicación de más de 250 notas en 23 medios digitales argentinos. El objetivo de estas publicaciones, de acuerdo con la denuncia, sería desgastar la gestión de La Libertad Avanza mediante tácticas de desinformación estratégica coordinadas desde el exterior.
La ejecución de la medida se hizo efectiva este lunes, cuando los periodistas intentaron validar sus credenciales habituales. Uno de los afectados relató a la Agencia Noticias Argentinas que, al intentar ingresar bajo la lluvia, se le informó que por orden directa de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se le había revocado el acceso por huella digital. “No nos dieron más explicaciones”, lamentó el profesional.
Incertidumbre en la acreditación de prensa
La revocación de las huellas de ingreso marca un precedente complejo en la relación del Gobierno con los medios acreditados. Si bien la administración defiende la medida como una cuestión de seguridad nacional frente a una presunta injerencia extranjera, los trabajadores de prensa denuncian una falta de claridad y el cese de sus funciones habituales sin una notificación legal previa.
Mientras el Gobierno avanza en la investigación técnica sobre los flujos de dinero que menciona el informe de openDemocracy, el acceso a la información en la Casa de Gobierno permanece restringido para los medios bajo sospecha. Se espera que en las próximas horas se defina el listado oficial de los medios investigados y se concrete el llamado a sus responsables ante la Justicia o las autoridades administrativas.
