En un nuevo avance en la causa Vialidad, el fiscal federal Diego Luciani solicitó al Tribunal Oral Federal N° 2 el decomiso del departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple su condena bajo arresto domiciliario.
El pedido se inscribe dentro de la segunda etapa del proceso de recuperación de activos impulsado por la fiscalía, que busca cubrir el monto fijado por la Justicia como perjuicio económico al Estado, cercano a los $685.000 millones. La lista completa incluye 141 inmuebles, 46 automotores y cuentas en dólares.
El departamento de San José 1111: el bien más simbólico en la mira
El departamento de San José 1111 figura entre los principales bienes incluidos en el nuevo listado presentado por la fiscalía. Se trata de la vivienda donde la ex mandataria se encuentra detenida desde que la Corte Suprema dejó firme su condena a seis años de prisión por administración fraudulenta. Según el dictamen fiscal, ese inmueble —al igual que otros activos— estaría vinculado al entramado patrimonial investigado en la causa y, por lo tanto, debería ser incorporado al decomiso para contribuir a resarcir el daño económico.
La inclusión de esta propiedad tiene un carácter simbólico y jurídico relevante, ya que se trata del domicilio actual de la ex presidenta y uno de los bienes más visibles del patrimonio en discusión. Nunca antes un jefe de Estado en funciones o condenado había enfrentado el decomiso de su vivienda particular.
Un pedido millonario: 141 inmuebles y bienes financieros
El requerimiento de Luciani no se limita al departamento de Constitución. La fiscalía presentó un listado más amplio que contempla:
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141 inmuebles: 13 de sociedades vinculadas a la familia Kirchner y 128 de empresas asociadas a Lázaro Báez
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46 automotores
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US$ 4.664.000 en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner
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US$ 992.134 depositados en una cuenta bancaria y sumas menores en pesos
El conjunto de activos forma parte de lo que el Ministerio Público define como una «segunda tanda» de decomisos, destinada a ampliar el alcance de la ejecución patrimonial iniciada tras la firmeza de la condena.
Otros bienes emblemáticos: hoteles y propiedades en Santa Cruz
Además del departamento donde cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner, el listado incluye algunos de los activos más representativos del patrimonio vinculado a la causa, entre ellos:
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el hotel Alto Calafate
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el hotel La Aldea, en El Chaltén
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el chalet de la costanera en Río Gallegos
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propiedades y terrenos en Santa Cruz
Estos bienes se suman a la primera etapa del decomiso, que ya había alcanzado más de 100 propiedades de los condenados. La estrategia fiscal es clara: recuperar todo el patrimonio que haya sido adquirido producto de la corrupción.
Los fundamentos del fiscal Luciani: «No depositaron ni un peso»
En su dictamen, Luciani sostuvo que el objetivo es avanzar en la recuperación de activos provenientes de la maniobra fraudulenta detectada en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015. El fiscal recordó que los condenados fueron intimados judicialmente a devolver el monto fijado por la Justicia y que, pese a ello, «no han depositado ni un solo peso», lo que habilita la ejecución de sus bienes.
Asimismo, argumentó que la magnitud del patrimonio identificado refleja «fortunas desproporcionadas» en relación con los ingresos declarados, lo que justificaría ampliar el alcance del decomiso. Para la fiscalía, es inadmisible que los condenados sigan disfrutando de los bienes adquiridos con dinero público.
El futuro judicial: qué viene ahora
El pedido de la fiscalía quedó ahora en manos del Tribunal Oral Federal N° 2, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, que debe resolver si incorpora estos nuevos bienes al proceso de ejecución. En paralelo, la defensa de Cristina Kirchner y sus hijos continúa intentando frenar la ejecución patrimonial mediante recursos judiciales, que podrían llegar a la Corte Suprema de Justicia.
El máximo tribunal también tendrá un rol clave en el destino final de los bienes decomisados, ya sea a través de su administración, eventual asignación institucional o subasta. La inclusión del departamento de San José 1111 en el listado de bienes a decomisar confirma el endurecimiento de la estrategia judicial orientada a hacer efectiva la recuperación de activos en la causa Vialidad.