La Justicia Federal de Río Gallegos presentó cargos contra doce detenidos en el marco de dos causas conexas. La investigación por drogas apunta al presunto traslado de cocaína en camiones y a un lavadero de autos utilizado como posible punto de distribución.
La Justicia Federal de Río Gallegos formalizó este jueves las acusaciones contra doce personas detenidas —entre ellas el empresario Lázaro Báez y su pareja, Claudia Insaurralde— en el marco de dos investigaciones que buscan determinar la existencia de una presunta organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos.
Las audiencias comenzaron por la mañana y se extendieron hasta pasadas las 16:30. Del total de imputados, nueve están vinculados a los operativos realizados en Santa Cruz y tres a las actuaciones desplegadas en Buenos Aires, participando algunos de ellos de manera virtual desde sus lugares de detención. Durante la jornada, el fiscal federal Julio Zárate expuso ante el juez de garantías Claudio Vázquez los hechos atribuidos a cada involucrado, las calificaciones legales provisorias y sus respectivos grados de participación.
Camiones para trasladar cocaína y maniobras patrimoniales
Una de las principales líneas de investigación apunta a una presunta red que habría utilizado camiones de una empresa transportista para movilizar cocaína, al menos desde diciembre de 2025. Los pesquisas trabajan para reconstruir la ruta logística, los responsables de los traslados y el destino final de los estupefacientes, poniendo además bajo la lupa un lavadero de vehículos ubicado sobre la calle Spilimbergo, en Río Gallegos, sospechado de operar como punto de acopio o distribución.
En paralelo, una segunda causa examina el patrimonio de Báez para determinar si existieron maniobras destinadas a administrar, explotar, ocultar o poner en circulación bienes de presunto origen ilícito, evadiendo restricciones judiciales previas sobre sus activos.
Los 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires
Las imputaciones se concretaron tras el megaoperativo del pasado lunes 9 de noviembre, que incluyó 27 allanamientos simultáneos ordenados por el juez Vázquez a pedido de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Los procedimientos abarcaron viviendas particulares, estancias, locales comerciales, inmobiliarias y el lavadero mencionado en Río Gallegos, El Calafate y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, sumando además una requisa en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde permanece alojado el empresario.
Asimismo, trascendió que otros involucrados quedaron alcanzados por medidas cautelares, como arrestos domiciliarios y prohibiciones de salida del país. Las calificaciones tienen carácter provisorio y la causa continúa abierta a la espera del peritaje de la documentación y los dispositivos secuestrados.