La gestión del manejo de las colonias de gatos ferales en Comodoro Rivadavia ha desatado un fuerte conflicto que ya trascendió el ámbito sanitario para convertirse en una disputa judicial
Las organizaciones proteccionistas cuestionan con dureza la decisión del equipo de veterinarios municipales de no aplicar vacunas a estos animales durante las campañas de castración masiva, una postura que ya derivó en una denuncia penal.
El argumento técnico de los veterinarios municipales
El secretario de Control Urbano y Operativo de la ciudad, Miguel Gómez, rompió el silencio en diálogo con Radio 3 y explicó los motivos científicos en los que se ampara el personal de salud del municipio. Durante el último operativo de los fines de semana, se lograron capturar y esterilizar alrededor de 30 felinos silvestres, pero todos fueron devueltos a sus colonias sin cobertura inmunológica.
“Los veterinarios alegan que no corresponde vacunar, por cuanto los animales no se encuentran aptos inmunológicamente para recibir la pequeña dosis de virus que significa una vacuna”, detalló Gómez. Según el criterio de los profesionales del área, el estrés de la captura sumado al proceso quirúrgico de la castración debilita las defensas del felino, provocando que la inyección sea «tan solo un pinchazo» ineficaz que no generará los anticuerpos necesarios.
Criterios cruzados en la provincia y denuncia en curso
El propio funcionario comunal reconoció que la medicina veterinaria no tiene una postura unificada al respecto. Existen profesionales de renombre local y nacional que abogan por la vacunación inmediata aprovechando la sedación del animal, bajo la premisa de que es la única oportunidad de protegerlos y controlar focos epidemiológicos como la rabia. De hecho, en otras localidades de Chubut, como Rawson, el protocolo provincial sí contempla la vacunación en simultáneo con la cirugía.
A pesar de las diferencias y el malestar social, la municipalidad comodorense decidió respaldar, por el momento, la autonomía del cuerpo médico. “Queremos ser respetuosos de la postura profesional de ellos”, afirmó el secretario.
Sin embargo, el tiempo de debate parece agotarse en los despachos administrativos. La agrupación proteccionista Conciencia Activa formalizó una denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y maltrato animal. Aunque Gómez señaló que aún no fue citado por los tribunales, confirmó que ya resguarda toda la documentación de los operativos para defender el proceder técnico del municipio cuando la Justicia lo requiera.