La compleja realidad económica que atraviesa el sector productivo nacional generó una profunda preocupación en el ámbito empresarial
Industriales Pymes Argentinos (IPA) emitió un duro informe donde advirtió sobre el alarmante deterioro de las pequeñas y medianas empresas, señalando que la cantidad de concursos preventivos de crisis experimentó una escalada superior al 130 por ciento durante el último año, lo que coloca a la actividad en una situación límite.
Números alarmantes y riesgo de cierres masivos
De acuerdo con las estadísticas procesadas por el Departamento de Legales de la entidad productiva, la Ciudad de Buenos Aires reflejó con nitidez el impacto de la recesión. Durante el período correspondiente a 2025 se abrieron 190 concursos preventivos, lo que representa un drástico incremento del 131,71% en comparación con los 82 casos registrados en 2023. El panorama para el año en curso no es más alentador: en el primer trimestre judicial de 2026 ya se contabilizaron 92 nuevos procesos concursales.
El documento institucional detalló además que, bajo la actual tendencia socioeconómica, este año podría superar incluso las peores marcas registradas durante la crisis sanitaria de la pandemia. El balance global arroja datos alarmantes: entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026, dejaron de existir 24.437 empresas en toda la República Argentina. Como consecuencia colateral de este masivo cese de actividades, más de 327.000 operarios perdieron la cobertura del sistema de riesgos del trabajo (ART).
Desinversión, importaciones y el pedido de auxilio legislativo
El presidente de IPA, Daniel Rosato, calificó el escenario actual como una «crisis terminal» y demandó una reacción inmediata tanto de la administración pública como del Poder Legislativo. «No hay tiempo para debates ideológicos, hay que salvar a las empresas y a los trabajadores», argumentó con firmeza, alertando que la falta de dinamismo en el consumo forzó a múltiples firmas nacionales a reconvertirse en meras importadoras para subsistir en un contexto de dólar barato y fuerte apertura comercial.
Ante esta coyuntura, la entidad gremial empresaria reclamó al Congreso de la Nación el tratamiento urgente de una ley de emergencia económica específica para el sector Pyme. Entre los puntos principales de la propuesta se destaca la suspensión temporal de las ejecuciones hipotecarias y prendarias, la extensión de los plazos concursales previstos por la ley y la creación de mecanismos fiscales eficaces para sostener el capital de trabajo operativo.
Cabe recordar que un concurso preventivo de crisis es una herramienta jurídica a la que recurren las firmas insolventes para renegociar deudas acumuladas, evitar la quiebra definitiva y mantener activas sus fuentes de empleo.