La justicia de la provincia de Chubut otorgó un régimen de salidas transitorias a la exministra de Acción Social, Leticia Huichaqueo, quien cumple una pena unificada por delitos de corrupción bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
La resolución judicial autoriza a la exfuncionaria a abandonar su residencia los días domingos para asistir a celebraciones religiosas y visitar a su entorno familiar sin contar con escolta de las fuerzas de seguridad.
Argumentos de la defensa y flexibilización de la custodia
El fallo emitido por la magistrada de la causa contempla, además del permiso dominical, una disminución en la frecuencia de los controles policiales presenciales en la vivienda donde la condenada efectúa el arresto. La flexibilización de las medidas de vigilancia responde a un planteo formal donde la exministra alegó padecer fobia a los efectivos policiales.
De acuerdo con las declaraciones de su abogada defensora, la viabilidad de la medida judicial responde a la necesidad de promover un proceso de “reinserción social gradual” y consolidar de manera efectiva el “fortalecimiento de sus vínculos familiares” durante el cumplimiento de la pena.
Unificación de condenas por desvío de donaciones
Leticia Huichaqueo recibió en octubre de 2024 una condena unificada de cuatro años y ocho meses de prisión de cumplimiento efectivo tras comprobarse su responsabilidad penal en dos causas por defraudación al Estado. Ambas investigaciones estuvieron ligadas a irregularidades administrativas cometidas durante las tareas de asistencia por el temporal climático que afectó a la ciudad de Comodoro Rivadavia en el año 2017.
El desglose de los expedientes judiciales acreditó los siguientes hechos delictivos:
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El desvío sistemático de fondos públicos presupuestarios destinados originariamente a subsidiar la emergencia de las familias damnificadas por la catástrofe climática.
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La comercialización clandestina e ilegal de 450 bolsas de alimento balanceado que habían sido donadas por organizaciones civiles para asistir a las mascotas damnificadas en las zonas afectadas.
El historial de ejecución de la pena registra antecedentes de conflictividad administrativa. Hacia fines de 2025, los tribunales provinciales habían ordenado un endurecimiento preventivo de las restricciones de Huichaqueo tras detectarse la realización de reuniones sociales no autorizadas en su domicilio y la presentación de informes de salud mental con inconsistencias técnicas elaborados por su psicóloga particular. En dicha instancia, la justicia rechazó un pedido de traslado a un establecimiento penitenciario ordinario, ratificando la continuidad del beneficio del arresto domiciliario.
