A una década de la sanción de la ley que garantiza el 100% de la cobertura, un relevamiento nacional de la consultora Ipsos expone el calvario de los padres de bebés con alergias alimentarias. «Ningún bebé debería depender de un abogado para alimentarse», denuncian
Las alergias alimentarias se han transformado en una de las causas más frecuentes de consulta médica infantil en la Argentina. La principal y más compleja es la Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV), una condición inmunológica que afecta a entre el 2% y el 5% de los lactantes menores de un año durante sus primeros meses de vida. Su abordaje exige la exclusión estricta de cualquier derivado lácteo en la dieta del bebé y de la madre si está amamantando, además de la prescripción de fórmulas especiales de altísimo costo.
Sin embargo, el verdadero calvario para las familias empieza mucho antes de conseguir el tarro de leche. Un reciente e integral informe elaborado por la consultora Ipsos —que relevó a 150 profesionales de la salud (pediatras, gastroenterólogos y alergistas) y a 166 cuidadores en AMBA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Tucumán y Mar del Plata— reveló que el 47% de las familias requirió múltiples e interminables consultas en guardias y consultorios antes de poder dar con el diagnóstico certero de APLV, sufriendo un fuerte estrés familiar en el proceso.
Trabas y desamparo: la salud judicializada
En el plano legal, la Argentina cuenta desde hace diez años con la Ley Nacional 27.305, la cual obliga a todas las obras sociales y empresas de medicina prepaga a otorgar una cobertura del 100% en leches medicamentosas. Pese al marco vigente, la investigación demostró que los sistemas de salud privados y sindicales imponen sistemáticamente barreras burocráticas para dilatar las entregas.
Los datos duros del informe exponen con crudeza los niveles de desamparo:
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El 34% de las familias argentinas no cuenta con un acceso integral a la cobertura. De ese total, al 19% directamente se lo rechaza su prepaga u obra social; el 10% recibe menos unidades de las recetadas por el pediatra; y el resto sufre coberturas parciales o fragmentadas.
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Las familias que logran la aprobación legal del trámite deben esperar hasta 30 días de demora para recibir efectivamente el tratamiento nutricional.
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La alarmante burocracia corporativa es tan severa que ha llegado a condicionar o modificar la conducta de prescripción de los propios médicos.
«Ningún bebé debería depender de un abogado para acceder a la alimentación que necesita por indicación médica. Sin embargo, esa sigue siendo la realidad de miles de familias», sentenció de forma tajante el Dr. Leandro Desplats, abogado y secretario general de la Asociación Leches Medicamentosas.
Una respuesta colectiva ante el incumplimiento
La magnitud del conflicto obligó a las organizaciones de la sociedad civil a tomar cartas directas en el asunto. Durante el último año, la Asociación Leches Medicamentosas debió intervenir de urgencia en más de 800 reclamos administrativos ante los prestadores de salud. Ante la falta de respuestas ejecutivas, la entidad tuvo que promover 220 acciones judiciales (amparos de salud) para forzar a las empresas a garantizar la supervivencia y el desarrollo nutricional de los lactantes.
Afortunadamente, el informe destaca un cambio cultural clave: cada vez menos padres aceptan una respuesta negativa de sus obras sociales y el nivel de judicialización y reclamo formal crece año tras año. El consenso técnico y médico respecto de la ley es absoluto, pero el desafío urgente en la Argentina sigue siendo transformar esa legislación en un derecho efectivo y sin demoras que pongan en riesgo el crecimiento infantil.