El Gobierno nacional dio un paso que promete encender el debate público: envió al Senado un proyecto para derogar por completo la Ley de Etiquetado Frontal.
La iniciativa, firmada por el presidente Javier Milei, busca eliminar el sistema de advertencias en alimentos y reemplazarlo por un esquema que, según el Ejecutivo, sea más flexible y “técnicamente consistente”.
Derogación total: qué cambia si se aprueba
El proyecto propone eliminar en su totalidad la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable. De avanzar en el Congreso, la norma dejaría de regir desde su publicación en el Boletín Oficial.
Esto implicaría:
- La eliminación de los octógonos negros en los envases
- El fin de restricciones publicitarias
- Cambios en regulaciones dentro de escuelas
- La posibilidad de volver a usar personajes infantiles en productos
La iniciativa ingresó este sábado al Senado, con el pedido expreso del Poder Ejecutivo de que sea tratada con rapidez.
Críticas al sistema actual: “confunde al consumidor”
Uno de los principales argumentos del Gobierno apunta contra el modelo nutricional vigente, basado en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Según el texto oficial, el sistema aplica criterios uniformes a alimentos muy distintos, sin considerar porciones reales ni calidad nutricional. Esto, aseguran, genera situaciones en las que productos tradicionales reciben las mismas advertencias que alimentos ultraprocesados.
El Ejecutivo considera que esto provoca “interpretaciones simplificadas” y desorienta a los consumidores al momento de elegir.
Falta de incentivos para la industria
Otro de los puntos centrales es la crítica al sistema “binario” del etiquetado: tener o no tener advertencias.
Desde la Casa Rosada sostienen que este esquema no reconoce mejoras graduales en la composición de los productos, lo que desincentiva a las empresas a reformular alimentos de manera progresiva.
Impacto en PyMEs y tensiones en el Mercosur
El Gobierno también advierte sobre problemas de competitividad. La falta de un criterio unificado en el Mercosur obliga a las empresas a producir envases diferenciados para cada país.
Esto, señalan, golpea especialmente a las PyMEs, que enfrentan mayores costos y dificultades operativas. Incluso, alertan que esta situación podría favorecer la concentración del mercado en grandes compañías.
Rigidez normativa y falta de actualización
El proyecto cuestiona que muchos aspectos técnicos estén fijados directamente en la ley, lo que dificulta su actualización frente a nuevos consensos científicos o cambios en las guías alimentarias.
Según el Ejecutivo, esto vuelve al sistema rígido e incapaz de adaptarse con rapidez.
Qué seguirá vigente
A pesar de la derogación, el Gobierno aclaró que no se eliminará la obligación de informar el contenido nutricional.
Seguirán vigentes:
- La declaración de calorías, azúcares, grasas y sodio
- Las normas del Código Alimentario Argentino
- Regulaciones del Mercosur
- Leyes de defensa del consumidor y lealtad comercial
Un debate que recién empieza
Con el envío del proyecto, el oficialismo abre una discusión que promete ser intensa tanto en el Congreso como en la sociedad. Mientras el Gobierno habla de modernización y eficiencia, sectores críticos advierten sobre posibles retrocesos en materia de salud pública.
La decisión final quedará ahora en manos del Senado, donde se definirá el futuro del etiquetado frontal en la Argentina.