El frente fiscal argentino de cara al cierre de 2026 exige una profundización del esquema de austeridad para el Sector Público Nacional
Ante una recaudación tributaria que se contrae por debajo de las previsiones originales del Presupuesto, la sostenibilidad de la meta de superávit primario del 1,4% del PBI comprometida ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) dependerá exclusivamente de un ajuste más drástico sobre los componentes del gasto público que no se actualizan de forma automática por inflación.
La brecha entre el Presupuesto y la recaudación real
El Presupuesto aprobado originalmente para el ejercicio de 2026 preveía un incremento real interanual del 6,7% en los ingresos impositivos y una expansión del 6% en las erogaciones primarias. No obstante, la dinámica macroeconómica del primer cuatrimestre evidenció un escenario opuesto: la recaudación tributaria nacional sufrió una contracción del 6,7% real interanual, registrando retrocesos en ocho de los nueve impuestos principales del sistema.
De acuerdo con un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la meta de ingresos planteada en la ley de leyes se torna «de imposible cumplimiento», dado que los recursos fiscales deberían experimentar una expansión del 13,2% real interanual en el último tramo del año para equilibrar las cuentas. Dicha aceleración requeriría incrementos extraordinarios en ítems sensibles como el impuesto a los combustibles (+62%), retenciones a las exportaciones (+32%) e IVA (+11%). Ante esta coyuntura, las proyecciones privadas anticipan que el ingreso tributario global del Gobierno Nacional concluirá el año con una baja real del 2,9%.
Radiografía del primer cuatrimestre y la división del gasto
Durante el primer tercio del año, el gasto primario nacional experimentó una reducción real interanual del 3,3%, reflejando dinámicas internas profundamente heterogéneas. Mientras que los subsidios destinados al sector energético (+106,5%) y el gasto de capital girado a las provincias (+15,1%) anotaron subas, las transferencias corrientes hacia las jurisdicciones provinciales se desplomaron un 42,4% y los subsidios a otras funciones disminuyeron un 93,7%.
Para comprender el margen de acción del Poder Ejecutivo, el análisis técnico segmenta el esquema de erogaciones estatales en dos categorías esenciales:
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Gasto indexado: Compuesto por jubilaciones, pensiones no contributivas, asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este bloque representa el 55% del gasto primario total y avanzó un 1,5% real interanual en el primer cuatrimestre.
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Gasto no indexado: Conformado por los salarios del sector público, programas sociales, subsidios económicos y otras transferencias corrientes. Este segmento desprotegido de la actualización automática sufrió una caída real del 8,6% interanual en el mismo período.
El ajuste remanente para alcanzar la meta fiscal
Dado que más de la mitad de las partidas estatales están atadas a la evolución inflacionaria y se proyecta que mantengan su poder de compra constante, el peso del ordenamiento fiscal recae sobre las partidas flexibles. Con un resultado primario que se deterioró un 11% real en la primera parte del año debido a que los ingresos cayeron más rápido que los gastos, el IARAF calcula que el gasto no indexado deberá ajustarse un 6,2% real anual hacia el cierre de 2026 para consolidar el superávit del 1,4% del PBI pactado con el organismo internacional.
En el horizonte de mediano plazo, si este escenario base se concreta junto con una contracción anual de los ingresos totales del 2%, el gasto primario consolidado anotará una baja del 2,4% real interanual. De este modo, la administración central lograría equilibrar la ecuación fiscal depositando el 13,7% del PBI en erogaciones frente a un ingreso equivalente al 15,1% del producto.
Presión adicional: Universidades y la comparación histórica
El panorama fiscal de la segunda mitad del año podría sumar tensiones accesorias si se ratifica por vía judicial la vigencia de la ley de financiamiento universitario aprobada en 2025. Su plena ejecución implicaría un costo del 0,23% del PBI que obligaría a reconfigurar los números oficiales. Para costear este incremento en las altas casas de estudio sin alterar la meta del FMI, el resto de las partidas no indexadas de la administración pública nacional deberían profundizar su contracción, pasando de un recorte estimado del 8,8% al 11% real interanual durante el segundo semestre.
Al trazar una perspectiva histórica de largo aliento respecto al año 2023, la fisonomía del gasto en el país se reconfiguró de manera estructural. Mientras las jubilaciones y las asignaciones sociales prácticamente habrán recuperado sus niveles reales hacia finales de 2026 tras el bache de 2024, el gasto público no indexado —que engloba desde obra pública nacional hasta salarios del Estado y transferencias discrecionales— acumulará una drástica poda del 47% en términos reales en un plazo de tres años.