En una histórica y agresiva jugada destinada a desregular por completo el mercado de capitales argentino, el Gobierno nacional eliminó de raíz los controles e intervenciones estatales previas para las empresas que busquen financiarse.
A través de un paquete de resoluciones publicadas este jueves en el Boletín Oficial, la Comisión Nacional de Valores (CNV) implementó un inédito régimen de autorización automática para la emisión de títulos de deuda y acciones. La medida promete desatar una verdadera revolución en la City porteña al quitarle el poder de veto a los organismos públicos y transferir la velocidad de las transacciones directamente a las decisiones de las compañías.
El histórico viraje normativo busca dinamizar la economía de forma inmediata y sepultar los eternos plazos administrativos. El eje central de la reforma es la creación del «Régimen de Oferta Pública con Autorización Automática por su Mediano Impacto Ampliado».
Este mecanismo sepulta la necesidad de obtener una aprobación previa del ente regulador para la gran mayoría de las colocaciones de títulos valores que se realicen dentro del territorio nacional.
Vía libre hasta USD 140 millones: «No hay que rendirle pleitesía a ningún burócrata»
Bajo este nuevo ecosistema normativo, las empresas argentinas quedaron facultadas para emitir acciones u Obligaciones Negociables (ON) por un monto de hasta 100 millones de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) —lo que representa una impactante cifra de entre 130 y 140 millones de dólares al tipo de cambio actual— de forma inmediata y sin requerir la intervención de la CNV.
El viejo y engorroso proceso de aprobación burocrática fue reemplazado por un sistema de presentación netamente informativa, denominado técnicamente en Wall Street como notice o filing.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió con dureza la medida explicando que «básicamente implica que la gran mayoría de las emisiones de deuda de menos de unos 130 o 140 millones de dólares no van a necesitar autorización previa».
El funcionario apuntó contra las viejas estructuras del Estado y sentenció: «A partir de hoy la decisión de cuándo emitir queda en manos de los CFOs de las empresas y no de un burócrata al que había que ir a rendirle pleitesía para obtener una autorización».
Incluso para operaciones que superen los 100 millones de UVA, se eliminará la autorización previa si los instrumentos se dirigen con exclusividad a Inversores Calificados, un segmento cuyo umbral patrimonial mínimo se redujo de 350.000 UVA a 200.000 UVA (unos 70 millones de pesos o 300.000 dólares en el sistema financiero) para engrosar el volumen de compradores habilitados. «Se confía en el discernimiento del inversor», argumentó Sturzenegger.
Fondos comunes al ataque y un súper beneficio oculto para las PyMEs
La profunda reforma impone diferencias operativas tajantes según el instrumento de inversión colectiva: los Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCIA) ya no tendrán aprobación previa sin importar el tamaño del fondo ni el perfil de su comprador; mientras que los Fondos Comunes de Inversión Cerrados (FCIC), los Fideicomisos Financieros y las ON se acoplarán al beneficio automático hasta el mencionado tope de los 100 millones de UVA. Para las corporaciones de gran envergadura que elijan el camino automático, el Gobierno mantendrá la obligación de cumplir con el régimen informativo pleno y balances bajo estándares internacionales, otorgándoles un plazo técnico de 180 días para adecuarse a las normas NIIF.
El verdadero golpe de efecto de la normativa se diseñó para el entramado productivo de las pequeñas y medianas empresas. Las firmas catalogadas como «PyME CNV» y aquellas que posean el aval de una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) podrán acceder a este esquema ampliado de forma acumulativa con sus beneficios previos. Lo revolucionario es que, mientras permanezcan en su régimen específico, no se les exigirá contar con una costosa comisión fiscalizadora ni presentar balances bajo exigentes normas internacionales NIIF.
El Gobierno apuesta a que las empresas dejen de depender del crédito bancario tradicional. «Ahora será mucho más fácil para una PyME emitir un bono para financiarse sin recurrir a otros mecanismos. Para un productor agropecuario se hace posible pensar en emitir acciones en vez de recalar inexorablemente en una deuda bancaria», celebró Sturzenegger, concluyendo con un fuerte llamado al establishment financiero: «Ahora le toca al sector privado recoger el guante, innovar, salir a buscar empresas que necesiten capital y conectarlas con los argentinos ansiosos de invertir en su país».