Una profunda transformación en la navegación y el transporte de cargas acaba de ponerse en marcha en el Congreso de la Nación.
Durante su reciente discurso en la Exposición de la Sociedad Rural Argentina, el presidente Javier Milei confirmó el envío de un ambicioso proyecto normativo que busca desregular por completo las vías navegables, abriendo las puertas a embarcaciones internacionales para reducir costos logísticos y potenciar los puertos argentinos.
La propuesta impulsada por el Gobierno Nacional se centra en la modificación sustancial de la Ley de Cabotaje (Decreto-Ley N° 19.492/44). Esta iniciativa, apoyada por legisladores oficialistas y bloques aliados, establece el otorgamiento de permisos temporarios a buques de bandera extranjera para operar en el transporte fluvial y marítimo local de cargas y pasajeros.
Tripulaciones extranjeras, aranceles cero y flexibilización
El proyecto oficialista plantea cambios de fondo orientados a incrementar la oferta de bodegas disponibles, buscando solucionar la falta de embarcaciones locales para dinamizar el traslado de la producción interna y abaratando los gastos en las economías regionales.
Entre las medidas más destacadas de la reforma impulsada por el Ejecutivo figuran:
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Pérdida de exclusividad nacional: Permite que barcos extranjeros realicen cabotaje mediante autorizaciones temporales.
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Flexibilización laboral: Elimina la exigencia de contar con tripulación local durante los primeros 90 días de operación, estableciendo una escala gradual que requerirá solo un piso del 75% de personal nacional al cumplir el primer año.
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Incentivo a la flota: Suprime por completo los aranceles de importación para ingresar barcos nuevos o de hasta 20 años de antigüedad.
El freno opositor: declarar de interés público la Vía Troncal del Paraná
La avanzada desreguladora del Gobierno encontró una inmediata respuesta en la Cámara de Diputados. Desde el bloque Unión por la Patria, la legisladora Agustina Propato presentó un proyecto alternativo que busca declarar a la Vía Navegable Troncal del Río Paraná como Bien de Interés Público Nacional y Objetivo de Valor Estratégico.
Esta contrapropuesta pretende frenar cualquier intento de privatización en el sector fluvial, asegurando que el dragado, la administración del comercio exterior y el control operativo permanezcan bajo la órbita del Estado. La iniciativa delimita como infraestructura crítica indispensable el tramo entre el kilómetro 1.238 (Confluencia) y las aguas profundas del Río de la Plata, buscando blindar los recursos estratégicos frente al avance de consorcios privados internacionales.