En un fallo histórico que propina un durísimo revés institucional, la justicia provincial declaró la «nulidad absoluta» del proceso que había destituido a la magistrada. El rol de Daniel Báez como «juez y parte» costará millones a las arcas públicas debido a un ensañamiento que violó de forma grosera el debido proceso.
El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del Chubut dictó una sentencia fulminante que expone los hilos de una de las persecuciones políticas y judiciales más burdas de los últimos años. Bajo la presidencia del ministro Andrés Giacomone, el máximo tribunal de la provincia hizo lugar a la impugnación de la Dra. Mariel Alejandra Suárez, decretando la nulidad absoluta de la sentencia N.° 01/2023 que la había destituido de su cargo como jueza penal de Comodoro Rivadavia.
El fallo ordena su inmediata reincorporación al Poder Judicial con el pleno restablecimiento de su situación funcional.
El principal apuntado por este escándalo institucional es el exministro del Superior Tribunal y expresidente del Tribunal de Enjuiciamiento, Daniel Esteban Báez, cuyo accionar prepotente y carente de la más mínima imparcialidad terminó viciando de muerte todo el procedimiento.
El doble rol de Báez: Impulsor, acusador y juez
El fallo judicial desmenuza cronológicamente la cacería dirigida por Báez.
La balanza de la justicia penal de Chubut se rompió cuando se constató que Daniel Báez acumuló roles absolutamente incompatibles ante el ordenamiento jurídico:
Primero, impulsó la investigación administrativa interna ordenando el sumario contra Suárez mediante la Resolución de Superintendencia Administrativa N.° 9948/2022.
Al día siguiente, salió a los medios de comunicación locales a ventilar el caso y lanzar valoraciones anticipadas que rompieron cualquier apariencia de neutralidad.
Luego, firmó resoluciones institucionales donde prejuzgó la gravedad de los hechos antes del debate.
Finalmente, lejos de apartarse, asumió la presidencia del Tribunal de Enjuiciamiento, rechazó de puño y letra las recusaciones de la defensa, limitó las pruebas de descargo e integró el voto mayoritario para destituirla.
Los ministros y jueces subrogantes del Superior Tribunal fueron categóricos: Báez actuó sin la distancia ni la ecuanimidad que exige la ley. Se constituyó en una suerte de tribunal inquisidor donde la hipótesis de culpabilidad ya estaba firmada antes de escuchar a la acusada.
Llegó al colmo de fundar su voto de destitución incorporando párrafos irónicos sobre la vida personal de Suárez y citas de un artículo de opinión periodística ajeno a las pruebas del debate oral.
«Una doble vara que erosiona la legitimidad», remarca el análisis del acuerdo judicial.
Una persecución que pagaremos todos los chubutenses
Más allá del escándalo ético y procedimental, la vendetta de Daniel Báez tendrá un impacto patrimonial directo y severo sobre las arcas del Estado provincial. Al declararse la nulidad absoluta de la destitución, los efectos del acto inválido se caen por completo, lo que retrotrae la situación jurídica al estado anterior a la arbitrariedad.
Esto abre la puerta inmediata a un millonario reclamo por los haberes caídos (dejados de percibir) por la Dra. Mariel Suárez durante todo el prolongado período en que permaneció ilegalmente separada de su cargo. El capricho persecutorio de Báez —quien prefirió avanzar a sabiendas de que estaba objetivamente inhabilitado en lugar de excusarse como sí lo hizo correctamente su colega, la Dra. Silvia Bustos— se traducirá en una cuantiosa demanda por daños, perjuicios y salarios retroactivos que saldrá del bolsillo de los contribuyentes chubutenses.
Por esta razón, la sentencia del Superior Tribunal no solo reincorpora a la jueza Suárez, sino que lanza una advertencia explícita en su tramo final: insta al Estado Provincial a analizar de manera urgente si este flagrante «error judicial» verificado activa las responsabilidades políticas y patrimoniales individuales de los funcionarios públicos involucrados, bajo el amparo del artículo 69 de la Constitución Provincial.
Un límite constitucional al abuso de poder
El fallo deja una lección institucional imperecedera: ni siquiera los procesos de remoción de naturaleza política pueden sustraerse de las garantías mínimas del debido proceso, la defensa en juicio y el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial.
La «animadversión» de Daniel Báez quedó expuesta y documentada con la firma del secretario Diego Carlos Maceratesi.
Ahora, la Dra. Mariel Suárez regresa a su despacho de Comodoro Rivadavia por la puerta grande de la Constitución, mientras que la ciudadanía de Chubut queda de rehén, obligada a costear con millones de pesos una persecución judicial bochornosa que jamás debió haber ocurrido sino fuera por esta persecución de Daniel Baez.