El clima de tensión laboral se profundiza en un sector clave de los servicios públicos
La Federación de Trabajadores de la Industria del Gas Natural de la República Argentina (FETIGNRA) resolvió declarar el estado de alerta nacional en todo el territorio argentino, manifestando un enérgico rechazo ante una ola de desvinculaciones y esquemas de contratación externa que, según denuncian, avanzan con fuerza dentro de las principales firmas distribuidoras y transportadoras de gas.
Denuncian precarización en el mejor momento del sector
La conducción sindical expuso una fuerte contradicción entre las medidas tomadas por las empresas y su realidad financiera actual. A través de un documento formal, la federación detalló que los despidos se ejecutan en un contexto donde el sector hidrocarburífero y de servicios atraviesa uno de sus mejores periodos económicos, apuntalado por balances comerciales altamente favorables, subas de tarifas autorizadas por el Gobierno y una notable consolidación de sus indicadores de rentabilidad.
Desde FETIGNRA enfatizaron que el recorte de las plantillas de personal propio no responde a dificultades operativas genuinas ni a crisis financieras internas. Por el contrario, la organización calificó el escenario como una maniobra corporativa orientada puramente a recortar costos mediante el reemplazo de operarios bajo convenio por firmas contratistas, lo que deriva en una degradación técnica de los puestos de trabajo y vulnera la estabilidad de profesionales con amplia experiencia y antigüedad en el rubro.
Los riesgos de la tercerización en un servicio esencial
El sindicato encendió las alarmas respecto a las condiciones en las que se desarrolla la actividad actualmente. De acuerdo con lo planteado por el gremio, tareas de alta complejidad operativa que históricamente estaban asignadas a personal especializado de planta ahora son derivadas a compañías tercerizadas cuyas nóminas operan, bajo su criterio, con menores estándares de cobertura laboral y, en situaciones críticas, sin el entrenamiento técnico reglamentario para operar una red de servicios públicos.
Esta mutación en el esquema de empleo no solo afecta los derechos de los asalariados, sino que proyecta interrogantes sobre el mantenimiento del sistema general. La federación dejó asentada su profunda preocupación por las consecuencias que este vaciamiento de personal técnico calificado pueda provocar en el mediano plazo sobre la calidad de la prestación domiciliaria e industrial, así como en los protocolos de seguridad indispensables para la manipulación y transporte del fluido gaseoso.
Exigencias gremiales y críticas a los entes de control
El comunicado sindical apuntó directamente contra el rol que vienen desempeñando las dependencias del Estado encargadas de auditar a las licenciatarias del servicio. El gremio cuestionó con dureza lo que denominó una marcada pasividad de los organismos reguladores frente a estas modificaciones en las estructuras de personal, advirtiendo que la fiscalización de la seguridad operativa y el resguardo de las fuentes de trabajo técnico deberían ser prioridades absolutas de la agenda pública.
Frente a este panorama, las autoridades de la federación exigieron de forma inmediata frenar los despidos que consideran arbitrarios y reclamaron la preservación de cada puesto laboral junto al respeto irrestricto de las conquistas convencionales. Asimismo, instaron a las mesas directivas empresariales a reorientar sus políticas hacia programas genuinos de capacitación interna y estabilidad del personal, advirtiendo que de continuar el conflicto podrían profundizarse las medidas de fuerza gremiales.