La reglamentación de la Ley de Modernización Laboral de Milei pone un tope del 2% a las retenciones salariales y debilita el financiamiento de la CGT.
El Gobierno de Javier Milei dio un paso determinante en su estrategia de desregulación económica al activar la reglamentación de la Ley de Modernización Laboral. La medida encendió de inmediato las alarmas en la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT), ya que introduce mecanismos diseñados para recortar de forma drástica los ingresos automáticos de las asociaciones sindicales, limitando su capacidad de financiamiento institucional.
El tope del 2% y el fin de los fondos extraordinarios
El núcleo del impacto financiero radica en la implementación de un tope del 2% para los aportes y contribuciones fijados a través de los convenios colectivos de trabajo en favor de los gremios. Hasta la entrada en vigencia de esta normativa, diversas ramas de la actividad económica aplicaban retenciones obligatorias sobre el salario bruto de los trabajadores que alcanzaban hasta el 7%. La adecuación forzosa a este nuevo techo técnico significará una reducción inmediata de recursos para las estructuras sindicales.
Asimismo, el Poder Ejecutivo redefinió el alcance de la ultraactividad (el principio por el cual un convenio colectivo mantiene su vigencia de forma indefinida hasta que se firme uno nuevo). Bajo el esquema actual:
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Derechos individuales: Se mantienen plenamente vigentes todas las cláusulas que protegen las condiciones laborales y los derechos directos del trabajador.
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Cláusulas obligacionales (financiamiento): Pierden vigencia automática en aquellos convenios que se encuentren vencidos.
Esta distinción afecta directamente a los denominados aportes solidarios (descuentos obligatorios a trabajadores no afiliados), las contribuciones patronales extraordinarias, los fondos destinados a capacitación, y los recursos para mutuales o institutos administrados por los propios sindicatos. A partir de ahora, todos estos conceptos deberán ser renegociados y ratificados expresamente por las partes.
«No sabemos qué hacer», reconoció en estricto ‘off the record’ un experimentado dirigente gremial, admitiendo que varias empresas ya comenzaron a notificar a los sindicatos sobre la necesidad de revisar y suspender las transferencias de fondos que carezcan de un acuerdo actualizado.
Presión oficial para reabrir las paritarias
La ofensiva técnica es coordinada de forma conjunta por la Secretaría de Trabajo, conducida por Julio Cordero, y el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, bajo la órbita de Federico Sturzenegger. Desde estas dependencias ya se emitieron las primeras notificaciones formales dirigidas a las cámaras empresariales y a las entidades sindicales para que se sienten a rediscutir los términos de los convenios vencidos.
Si las partes no logran encauzar un nuevo consenso paritario que valide estas herramientas de recaudación, las estructuras gremiales perderán de forma permanente esos flujos de caja. Para la conducción de la CGT, la medida no solo representa un severo estrangulamiento financiero, sino también un debilitamiento estratégico de su poder de presión política frente a las reformas estructurales del Gobierno nacional.