Una verdadera bomba política e institucional sacude el sur argentino y promete encender los debates más feroces del año.
El Poder Ejecutivo de la provincia de Chubut envió formalmente a la Legislatura un polémico proyecto de ley que busca blindar legalmente a la petrolera de bandera nacional, desatando de inmediato una oleada de rechazos, acusaciones cruzadas y un fuerte malestar en los municipios de la cuenca hidrocarburífera, con Comodoro Rivadavia a la cabeza del reclamo.
El estratégico pacto requiere de la convalidación del cuerpo de diputados provinciales de forma urgente. se conoció de primera mano Qué dice el acuerdo entre Chubut e YPF que debe aprobar la Legislatura, una medida que transfiere de manera total el peso de la remediación de la tierra a manos de operadores privados y exime a la firma estatal de cualquier juicio futuro.
Millonaria indemnización en dólares y entrega de decenas de propiedades
El Acta Acuerdo, firmada el pasado 26 de junio por el gobernador Nacho Torres y los apoderados de la petrolera, Matías Farina y Lisandro Deleonardis, estipula que YPF abonará a la provincia una contraprestación extraordinaria de 25 millones de dólares para obtener inmunidad jurídica frente a sus deudas con la ecología. Este desembolso se estructurará en dos cuotas iguales de 12,5 millones de dólares: la primera se pagará a las 48 horas de entrar en vigencia la ley y la segunda el próximo 1 de octubre de 2026. Además de los billetes verdes, la empresa donará una gigantesca lista de bienes muebles e inmuebles radicados en Comodoro Rivadavia. El anexo del convenio incluye decenas de camionetas de alta gama (Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Ford Ecosport, entre otros vehículos) y propiedades clave que van desde clubes deportivos, dependencias policiales, edificios públicos, museos, galpones, plazas, subestaciones eléctricas hasta amplios lotes pastoriles.
A cambio de este paquete de compensación, la provincia de Chubut aprueba de forma oficial la transferencia total de la responsabilidad por pasivos, hallazgos o contingencias ambientales a las firmas privadas que adquirieron las áreas explotadas. Con este paso, el Estado chubutense declara que no tendrá ningún tipo de reclamo posterior contra YPF, sus directores o accionistas por los destrozos o instalaciones previas al traspaso, obligando a todos sus organismos descentralizados y sociedades estatales a acatar esta renuncia definitiva. Las áreas petroleras que quedan alcanzadas por este blindaje ambiental son los yacimientos de El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr, sumándose además de manera explícita el área de Restinga Alí, cuya reversión ya poseía el aval parlamentario.
Obras clave para Comodoro Rivadavia y exenciones impositivas de privilegio
Para calmar los ánimos y la fuerte resistencia del arco político comodorense, el proyecto de ley determina por escrito que la totalidad de los 25 millones de dólares de la contraprestación se destinarán de manera exclusiva a financiar obras de infraestructura vial, saneamiento, desarrollo urbano, servicios públicos, vivienda, salud y educación en Comodoro Rivadavia. Los rodados transferidos reforzarán operativamente el patrullaje de la Unidad Regional de Policía local, mientras que los inmuebles ocupados por entidades civiles y clubes serán escriturados a su favor de forma definitiva. Para transparentar la distribución de los galpones y terrenos sobrantes, se creará un Consejo Consultivo integrado por asociaciones vecinales locales que definirá el destino de los inmuebles públicos.
No obstante, el articulado del acuerdo también resguarda privilegios contables que despiertan suspicacias. YPF quedó totalmente exenta del pago de cualquier tasa, impuesto o contribución provincial que pudiese derivar de la millonaria cesión de bienes o del pago en efectivo. Asimismo, se fijó que cualquier conflicto judicial o controversia sobre la aplicación del tratado no se dirimirá en los tribunales del Chubut, sino que se trasladará de manera directa a la jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El texto incorpora finalmente un capítulo especial de ética y anticorrupción, donde las partes juran no utilizar información privilegiada ni realizar pagos indebidos, dejando en claro que ninguna cláusula entrará en vigencia ni podrá ser exigida hasta tanto los diputados sancionen la ley, el Gobernador la promulgue y sea publicada oficialmente en el Boletín Oficial.