El Poder Ejecutivo de la provincia de Chubut remitió formalmente a la Legislatura provincial el proyecto de ley que contiene el Acta Acuerdo alcanzada con la empresa YPF S.A.
La iniciativa busca establecer un marco normativo definitivo para regularizar la situación patrimonial y ambiental de las áreas hidrocarburíferas operadas históricamente por la petrolera de bandera, abriendo el espacio para el análisis y debate de los bloques parlamentarios y de los municipios de la cuenca, como Comodoro Rivadavia.
El entendimiento estratégico requiere la convalidación del cuerpo de diputados provinciales para su posterior entrada en vigencia. Según la información institucional recabada, se conoció de primera mano Qué dice el acuerdo entre Chubut e YPF que debe aprobar la Legislatura, una medida que estipula las pautas para la transferencia de la responsabilidad de la remediación de pasivos ambientales a los nuevos operadores privados de las áreas, eximiendo a la firma estatal de futuras acciones judiciales por contingencias previas al traspaso.
Compensación económica, transferencia de bienes e inmuebles en Comodoro Rivadavia
El Acta Acuerdo, suscripta el pasado 26 de junio por el gobernador Ignacio Torres y los apoderados de la empresa hidrocarburífera, Matías Farina y Lisandro Deleonardis, establece que YPF abonará a la provincia una contraprestación de 25 millones de dólares para resolver los reclamos derivados de los pasivos ambientales. Dicho desembolso se estructurará en dos cuotas iguales de 12,5 millones de dólares: la primera se liquidará a las 48 horas de la vigencia de la ley y la segunda el próximo 1 de octubre de 2026. En forma complementaria, la petrolera cederá un conjunto de bienes muebles e inmuebles ubicados en Comodoro Rivadavia, que abarca vehículos ligeros (modelos Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Ford Ecosport, entre otros) y propiedades que incluyen instalaciones deportivas, dependencias policiales, edificios públicos, museos, galpones, plazas, subestaciones eléctricas y lotes pastoriles.
A cambio de esta compensación, la provincia convalida la transferencia formal de la responsabilidad por pasivos, hallazgos o contingencias ambientales a las firmas privadas que adquirieron las concesiones. El Estado chubutense y sus organismos descentralizados declaran la renuncia a reclamos posteriores contra YPF, sus directores o accionistas por las operaciones e instalaciones previas a la transferencia. Las áreas petroleras comprendidas en esta disposición son los yacimientos de El Tordillo, La Tapera, Puesto Quiroga, Escalante-El Trébol, Campamento Central-Cañadón Perdido y Manantiales Behr, junto con el área de Restinga Alí, cuyo proceso de reversión ya disponía de aval parlamentario previo.
Destino de los fondos, exenciones impositivas y marco de resolución de conflictos
El articulado del proyecto de ley determina que la totalidad de los 25 millones de dólares de la contraprestación económica se destinará exclusivamente al financiamiento de obras de infraestructura vial, saneamiento, desarrollo urbano, servicios públicos, vivienda, salud y educación en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Asimismo, los rodados transferidos se incorporarán a las tareas operativas de la Unidad Regional de Policía local, en tanto que los inmuebles utilizados por entidades civiles y clubes deportivos serán escriturados a favor de estas instituciones. Para la asignación y gestión de los galpones y terrenos remanentes, se constituirá un Consejo Consultivo integrado por asociaciones vecinales locales encargadas de dictaminar el destino de los espacios públicos.
En materia fiscal, el acuerdo prevé que YPF quede exenta del pago de tasas, impuestos o contribuciones de carácter provincial derivados de la transferencia de bienes o del pago monetario establecido. Con respecto a la resolución de posibles controversias o conflictos judiciales sobre la interpretación del tratado, las partes acordaron declinar la jurisdicción local y trasladar las actuaciones de forma directa a los tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El convenio concluye con un capítulo dedicado a normas de ética y anticorrupción donde ambas administraciones se comprometen a no utilizar información privilegiada ni realizar pagos indebidos, dejando asentado que ninguna de las cláusulas tendrá vigencia jurídica hasta tanto el Poder Legislativo sancione la ley, el Ejecutivo la promulgue y se concrete su publicación oficial en el Boletín Oficial.