La crisis económica golpea de lleno el bolsillo de los hogares y la irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones financieras alcanzó su nivel más alto desde 2004
Según los últimos datos oficiales del Banco Central (BCRA), la morosidad trepó al 11,5% en la cartera total de préstamos, con picos alarmantes del 14,2% en créditos personales y del 30,5% en las billeteras virtuales (fintech). Ante este panorama de sobreendeudamiento familiar, el Congreso de la Nación se convirtió en el escenario de una batalla legislativa, donde diferentes bloques políticos presentaron decenas de iniciativas urgentes para reestructurar los saldos pendientes de millones de argentinos.
Quitas de hasta el 90% y planes de 36 a 60 cuotas obligatorias
Las propuestas parlamentarias, impulsadas por diversas fuerzas de la oposición, apuntan a establecer un severo marco de alivio financiero mediante la refinanciación obligatoria de deudas por consumos básicos. Entre los puntos más destacados de los proyectos de ley que esperan tratamiento, se encuentran planes de pago de entre 36 y 60 meses, la eliminación total de los intereses punitorios y la prohibición absoluta del anatocismo (el cobro automático de «interés sobre el interés»). Asimismo, se busca fijar un tope estricto para que las nuevas cuotas de financiamiento no comprometan más del 30% o 35% de los ingresos netos del grupo familiar.
El proyecto con mayor volumen de firmas pertenece a Unión por la Patria —acompañado por legisladores como Germán Martínez, Itaí Hagman y Natalia Zaracho—, el cual propone declarar la «emergencia crediticia de las familias» por 24 meses y crear un fondo especial auditado para absorber y reestructurar deudas. Por su parte, la diputada Marcela Pagano presentó una iniciativa enfocada en realizar test de capacidad de pago obligatorios antes de otorgar nuevos plásticos, mientras que el Frente de Izquierda, de la mano de Myriam Bregman y Nicolás del Caño, sumó un esquema para suspender ejecuciones en créditos hipotecarios UVA y otorgar períodos de gracia. Las normativas contemplan además la creación de la plataforma digital «DesendeudAR» bajo la órbita de ANSES para centralizar los perfiles de los deudores.
El rechazo de las entidades financieras y los planes de contingencia de los bancos
La avanzada reguladora encendió las luces de alarma en el sector financiero. Claudio Cesario, presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), manifestó un enérgico rechazo corporativo frente a las iniciativas parlamentarias al advertir que «todo lo que es regulatorio y mandatorio atenta de forma directa contra el otorgamiento de nuevos créditos». El directivo aseguró que el sistema privado ya se anticipó a la problemática mediante esquemas de refinanciación personalizados, logrando contactar y reestructurar de forma voluntaria la situación de casi el 50% de los clientes que presentaban distorsiones en sus pagos.
En sintonía con las herramientas de mercado, la banca pública implementó sus propios «kits de soluciones» de contingencia para ordenar las obligaciones familiares. El Banco Nación (BNA), por ejemplo, dispuso en su plataforma web un plan de consolidación de deudas de hasta $100 millones con plazos extendidos de hasta 72 meses y una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 65%. Para el segmento específico de tarjetas de crédito, la entidad oficial habilitó refinanciaciones para saldos de hasta $10 millones con plazos de 5 años y una tasa promocional del 35%, orientada exclusivamente a clientes que arrastren un atraso menor a los 90 días en sus resúmenes mensuales.