El Gobierno nacional avanza con una nueva etapa de revisión del Estado que apunta a profundizar los recortes de personal en todos los ministerios.
La estrategia, impulsada desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, vuelve a poner en el centro del debate el tamaño de la administración pública y el impacto laboral de las medidas de ajuste.
Revisión ministerio por ministerio y ajuste en marcha
Tal como había anticipado el presidente Javier Milei, la gestión libertaria continúa analizando área por área del Estado para determinar posibles reducciones de personal.
El encargado de ejecutar este proceso es Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación, quien impulsa auditorías en distintas carteras para evaluar funciones, dotación de empleados y posibles tareas redundantes.
Equipos vinculados al área del ex presidente del Banco Central comenzaron a recorrer ministerios para relevar estructuras internas y detectar espacios donde se podrían aplicar nuevos recortes.
Evaluación de funciones y reducción de planteles
El trabajo de relevamiento busca determinar cuántos empleados cumplen funciones específicas, si esas tareas son indispensables y si pueden ser absorbidas por menos personal.
De acuerdo con fuentes oficiales, el objetivo es avanzar hacia una reducción progresiva de la planta estatal durante la segunda mitad del año, manteniendo la meta de ajuste fiscal del Gobierno.
Sin embargo, dentro de la propia administración existen miradas divididas: algunos funcionarios consideran viable la reducción, mientras que otros advierten que podría generar complicaciones operativas en el funcionamiento del Estado.
Tensiones con los gremios y advertencias sindicales
La posibilidad de nuevos despidos ya generó fuertes reacciones en los sindicatos estatales.
Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su titular Rodolfo Aguiar advirtió que habrá medidas de protesta si continúan los recortes y no se reabren las negociaciones paritarias.
En la misma línea, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) expresó preocupación por la pérdida de empleos y la caída del poder adquisitivo de los salarios, aunque sin confirmar acciones concretas de protesta.
Ambas organizaciones coinciden en que la reducción de personal afecta a trabajadores con amplia experiencia y formación dentro del Estado.
Debate sobre el rol del Estado
El conflicto reabre la discusión sobre el rol del Estado y su funcionamiento. Mientras el Gobierno sostiene la necesidad de “eficientizar” la administración pública, sectores gremiales advierten sobre el riesgo de desmantelar capacidades esenciales para la atención de la ciudadanía.
El debate se centra en cómo equilibrar el ajuste fiscal con la continuidad de servicios y la estabilidad laboral de miles de empleados públicos.
El plan de revisión estatal impulsado por el Gobierno abre una nueva etapa de tensión entre el Ejecutivo y los gremios, con el empleo público nuevamente en el centro de la discusión política y económica del país.