El Gobierno nacional avanzó con una reforma integral del régimen de promoción de inversiones mineras mediante la modificación de la reglamentación de la Ley 24.196.
La medida, diseñada para reducir la burocracia y agilizar los procesos administrativos, busca consolidar un marco normativo más flexible que facilite la llegada de capitales y potencie la generación de divisas en un sector estratégico.
La actualización quedó oficializada a través del Decreto 482/2026, publicado en el Boletín Oficial, el cual reemplaza normativas vigentes desde el año 1993. Según los argumentos del Poder Ejecutivo, el objetivo primordial es adaptar las reglas del juego a las transformaciones productivas, tecnológicas y administrativas globales de las últimas décadas.
Los 4 cambios principales del nuevo esquema minero
La reforma introduce modificaciones operativas y fiscales que impactan directamente en las empresas del sector y sus cadenas de valor:
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Sencillez tributaria: Se simplificó el mecanismo de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para las actividades de exploración, reduciendo los requisitos burocráticos a la sola presentación de facturas y comprobantes.
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Importaciones ágiles: Se flexibilizó el ingreso de bienes de capital e insumos mediante declaraciones juradas que serán validadas digitalmente a través del sistema Malvina y la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCEA).
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Integración regional ampliada: El decreto extendió el alcance geográfico de integración productiva hasta los 500 kilómetros de distancia entre los yacimientos y sus respectivas plantas de procesamiento, optimizando la competitividad.
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Seguros de garantía: En materia de sustentabilidad, la normativa introdujo cambios en el régimen de estabilidad fiscal y habilitó formalmente el uso del seguro ambiental como garantía ante eventuales pasivos o daños.
Nuevas exigencias y mecanismos de control
A la par de las facilidades administrativas, el nuevo decreto redefinió los requisitos de inscripción para los prestadores de servicios mineros y endureció los esquemas de fiscalización estatal.
La Secretaría de Minería contará con herramientas de control automatizadas que prevén intimaciones inmediatas, suspensiones preventivas y la exclusión directa del registro oficial para aquellas compañías que incurran en incumplimientos o falsificación de datos.