La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) respaldó la reciente normativa impulsada por el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Semillas (INASE) sobre controles de identidad varietal en granos, aunque advirtió que se trata solo de un punto de partida y no reemplaza la discusión de fondo sobre una nueva Ley de Semillas.
Según informó la entidad, la medida oficial busca ordenar el sistema de verificación genética y proteger la propiedad intelectual en el agro, en un contexto donde la innovación tecnológica aparece rezagada frente a países de la región.
Un protocolo para identidad varietal y control con tecnología
El nuevo esquema establece que las muestras de granos se tomarán en el primer punto de entrega dentro de establecimientos registrados en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA). Allí se realizarán análisis de identidad varietal con metodologías homologadas por el INASE, incluyendo escáneres e inteligencia artificial, en cámaras arbitrales o entidades privadas autorizadas.
Desde el organismo se indicó que el sistema ya es utilizado en parte por el sector privado mediante contratos individuales desde hace años, por lo que la norma le otorga un marco institucional formal a prácticas existentes.
En caso de detectarse inconsistencias entre la variedad declarada y la real, se prevé una instancia de negociación entre el titular de la genética y el productor, quedando la intervención del INASE como último recurso si no hay acuerdo.
Reclamo del sector: inversión, brecha y debate pendiente
El director ejecutivo de la ASA, Alfredo Paseyro, explicó que la resolución firmada por el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, y el titular del INASE, Martín Famulari, “no altera las prácticas operativas actuales”, sino que ordena un esquema ya vigente en el sector.
Sin embargo, la entidad insistió en que el problema de fondo sigue sin resolverse: la falta de resguardo de la innovación en semillas, especialmente en cultivos autógamos como soja y trigo, donde los productores pueden reutilizar semillas sin reinversión en genética.
En este punto, el sector remarcó que la diferencia tecnológica es significativa: mientras Brasil registró 330 variedades de soja en el último año, la Argentina apenas alcanzó 23.
Impacto productivo y tensión por la Ley de Semillas
El Gobierno nacional sostuvo que la nueva normativa podría reducir la brecha tecnológica y generar un aumento potencial de exportaciones agrícolas estimado en 4.000 millones de dólares anuales. También se destacó que el sistema apunta a mejorar la trazabilidad y la eficiencia productiva.
No obstante, desde el sector semillero aclararon que la medida no reemplaza la discusión por una reforma integral de la Ley de Semillas. El debate incluye la posible adopción de estándares UPOV 91, que restringen el uso propio no retribuido, punto que genera resistencia en entidades rurales y la Mesa de Enlace por el posible impacto en los costos de producción.
El análisis técnico oficial también comparó rindes productivos, señalando que una hectárea de algodón en el Chaco produce 600 kilos de fibra, mientras que en Brasil supera los 1.800 kilos, como ejemplo del retraso tecnológico atribuido a la falta de protección de la innovación.
La norma representa un avance administrativo y tecnológico en el control de semillas, pero abre un nuevo capítulo de tensión entre el Gobierno, la industria semillera y el sector agropecuario, donde el debate de fondo sigue siendo la futura Ley de Semillas y su alcance sobre la propiedad intelectual.