En una jugada política de alto voltaje que promete recalentar la tensión federal, la provincia del Chubut activó una fuerte estrategia de resistencia institucional frente a las pretensiones de la Casa Rosada sobre el manejo de sus recursos energéticos.
El mandatario provincial decidió abroquelar a los jefes comunales de la región cordillerana en una trinchera común para plantarle cara al Poder Ejecutivo Nacional. El objetivo de máxima es frenar cualquier intento de avance centralista sobre el millonario negocio de la generación hidroeléctrica en la Patagonia.
La cumbre de urgencia se dio en medio del inminente proceso licitatorio para la futura concesión del estratégico Complejo Hidroeléctrico Futaleufú. Según reportó de manera oficial el medio regional Canal 12, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una reunión de carácter urgente con intendentes de las localidades directamente alcanzadas por este proceso, con el claro objetivo de coordinar una participación sumamente activa y agresiva de la Provincia y los municipios en las instancias impulsadas de manera unilateral por la Secretaría de Energía de la Nación.
Cumbre clave en Rawson para blindar las regalías y exigir obras
El trascendental encuentro político tuvo lugar en la histórica Sala de Situación de la Casa de Gobierno en Rawson. Allí se sentaron a la mesa los intendentes de los distritos directamente afectados por el área de influencia de la represa: Matías Taccetta (Esquel), Silvio Boudargham (Cholila), y Héctor Ingram (Trevelin). La meta del cónclave patagónico fue clara: fijar pautas para que la región no sea un simple espectador frente al reparto de fondos y la explotación del agua chubutense.
Al término de la reunión, Torres detalló con firmeza el plan de combate: “Apuntamos a que, en la nueva licitación de Futaleufú, tanto la Provincia como los intendentes sean parte del proceso de formulación de propuestas para la elaboración del pliego de bases y condiciones por parte de la Secretaría de Energía de la Nación”. Para instrumentar esto, el mandatario anunció la conformación inmediata de una mesa de trabajo integrada por representantes de los municipios involucrados, para consolidar una única e inquebrantable posición común en defensa de los intereses de Chubut.
Entre las exigencias de máxima que la provincia le impondrá al futuro operador privado de la hidroeléctrica, se destacan tres ejes centrales: la incorporación obligatoria de millonarias obras eléctricas a cargo del futuro concesionario, un incremento drástico en el porcentaje de las regalías que recibe la provincia por el uso del vital recurso hídrico, y asegurar que la región tenga por contrato una participación activa con voz y voto en las decisiones vinculadas al futuro de la generación hidroeléctrica. “Queremos que la Provincia y los intendentes tengan voz y voto en las propuestas, porque la defensa de la autonomía sobre nuestros recursos no solamente es innegociable, sino que constituye uno de los pilares del federalismo”, sentenció Torres con tono desafiante.
Meiszner al frente de la batalla y una pulseada judicial en la Corte
Para liderar las negociaciones técnicas y legales, el Gobernador firmó el Decreto Provincial N° 683/2025, mediante el cual designó formalmente al actual fiscal de Estado de Chubut, Andrés Meiszner, como el representante plenipotenciario de la provincia ante la Secretaría de Energía de la Nación, en el marco institucional de la Resolución N° 231/2025 dictada por la cartera nacional. Meiszner tendrá la pesada tarea de meterse en los despachos porteños a defender el pliego patagónico.
Este conflicto por la soberanía de los recursos no es nuevo, pero ingresó en una fase de definición crítica. Hay que recordar que ya el pasado 7 de febrero de 2024, la Provincia del Chubut promovió de manera formal ante la Justicia una dura acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional. En esa demanda, Chubut solicita abiertamente que se declare la inconstitucionalidad de las históricas leyes nacionales N° 15.336 y N° 24.065 (que integran el viejo marco regulatorio eléctrico argentino de la época de las privatizaciones), por considerar de manera taxativa que vulneran por completo el derecho de dominio originario que tienen las provincias sobre los recursos naturales de su territorio, un derecho explícitamente consagrado y protegido por el artículo 124 de la Constitución Nacional.
La agresiva acción en los tribunales federales busca el reconocimiento absoluto de Chubut como la única autoridad legítima e inapelable para disponer —una vez vencido el contrato de concesión celebrado entre el Estado Nacional e Hidroeléctrica Futaleufú S.A. el pasado 15 de junio de 2025— de todo lo relativo a la nueva concesión, eventuales prórrogas, futuras licitaciones o la explotación directa de dicha central.
Para frenar un posible madrugón de la Secretaría de Energía, la provincia también exigió el dictado de una medida cautelar innovativa, invocando los artículos 230 y 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la Ley de medidas cautelares N° 26.854. Con esto se busca que la Justicia ordene de forma taxativa al Estado Nacional abstenerse de prorrogar unilateralmente las concesiones de la Central Futaleufú sin la expresa participación, intervención y total coordinación de la provincia del Chubut. La última novedad de esta batalla en las sombras se dio el 4 de noviembre de 2025, cuando la mismísima Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió declarar de manera oficial que la causa corresponde de lleno a su competencia originaria, quedando pendiente ahora el traslado formal de la demanda y la esperada resolución sobre la medida cautelar que mantiene en vilo la soberanía energética de Chubut.