La Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) solicitó formalmente la intervención preventiva de la Secretaría de Trabajo de Chubut para impedir que el conflicto que mantiene el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) con la empresa Conarpesa se extienda al resto de las compañías del sector.
La entidad empresaria busca blindar la actividad pesquera en toda la provincia ante el temor de que medidas de fuerza por solidaridad paralicen las plantas.
A través de una presentación dirigida a la cartera laboral y firmada por el apoderado de CAPIP, Agustín Pedotti, la cámara expresó su preocupación por el clima de tensión generado en torno a la disputa. En el documento advirtieron que existe el riesgo de que se adopten medidas de fuerza que alcancen a empresas que no forman parte del conflicto original.
La entidad empresaria aclaró que actualmente no existe un conflicto colectivo entre las firmas asociadas a la cámara y sus trabajadores. Por este motivo, remarcaron que la situación podría agravarse si el gremio decide impulsar acciones de protesta generales. En ese contexto, pidieron que la Secretaría de Trabajo asuma un rol preventivo y utilice todas las herramientas legales disponibles para evitar que la disputa afecte al conjunto de la industria pesquera.
El impacto económico de una eventual paralización
Desde CAPIP señalaron que una eventual paralización general de la actividad tendría un fuerte impacto económico y operativo en Chubut. La industria pesquera trabaja con materia prima altamente perecedera, por lo que un freno en las plantas interrumpiría inmediatamente el procesamiento de las capturas.
Entre las principales consecuencias de un posible paro, la cámara mencionó:
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El incumplimiento de contratos comerciales y compromisos de exportación.
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La paralización operativa de plantas procesadoras y puertos logísticos.
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El riesgo laboral para cientos de puestos de trabajo en empresas que actualmente desarrollan su actividad con total normalidad.
Solicitud de intervención enfocada y limitada
La cámara empresaria insistió en que el objetivo de la presentación no es promover una conciliación obligatoria para todo el sector, sino evitar que empresas ajenas a la disputa resulten perjudicadas por un conflicto que tiene un origen puntual.
En ese sentido, la entidad aclaró ante las autoridades que, si la cartera laboral considera necesario abrir una instancia de conciliación obligatoria, esta medida debería limitarse única y exclusivamente a las partes directamente involucradas, es decir, al sindicato STIA y a la empresa Conarpesa, garantizando la continuidad del resto de la flota y las plantas patagónicas.