La defensa del financista Elías Piccirillo solicitó de manera formal la habilitación de la feria judicial de invierno para que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 resuelva dos planteos patrimoniales clave.
El exmarido de Jésica Cirio, quien actualmente cumple prisión domiciliaria en la localidad de Banfield, requiere autorización judicial para alquilar un departamento en Nordelta y pide el levantamiento o reducción de las medidas cautelares que pesan en su contra.
El escrito remarca que el pedido para alquilar el inmueble ubicado en el Complejo Residencial Yacht Nordelta tiene como objetivo generar ingresos económicos para el sostenimiento personal y familiar del imputado.
Carácter alimentario y conflicto con el inquilino
En la presentación judicial, los abogados patrocinantes de Piccirillo enfatizaron la urgencia de resolver la solicitud antes de la finalización del receso invernal, señalando los perjuicios financieros que causa la demora en la autorización.
Según consta en el documento presentado ante la Justicia, el alquiler de la propiedad reviste un carácter alimentario, al sostener que “está destinado a la manutención de mi asistido y de su grupo familiar, entre ellos, una hija menor de edad a su cargo”.
A esta situación se suma la presión formal del interesado en arrendar la unidad en el barrio privado:
“El nombrado ha recibido ya dos intimaciones formales de su inquilino y del letrado de éste, quienes han anunciado que se presentarían en esta causa y han formulado reserva de accionar patrimonialmente en su contra”, advirtió la representación técnica en el escrito.
Cuestionamiento a la desproporción de los embargos
La defensa criticó la dureza de las restricciones impuestas sobre el patrimonio de Piccirillo, argumentando que las medidas vigentes resultan excesivas respecto al objeto de la causa. Actualmente, sobre el financista pesa un embargo de $900.000.000, la afectación de tres inmuebles en Nordelta, una inhibición general de bienes y una caución real de $100.000.000.
Ante este escenario, la defensa solicitó reducir la traba preventiva a $200.000.000, sustituirla por un depósito judicial ya ofrecido, liberar las anotaciones dominiales y cancelar la inhibición general.
“El embargo recae sobre el valor del inmueble y lo sigue aunque se lo alquile; la inhibición general afecta la facultad de disponer o gravar, no la de administrar y percibir frutos”, fundamentaron los letrados.
Asimismo, los abogados apuntaron directamente contra los tiempos de resolución del magistrado interviniente:
“Por motivos que desconocemos, V.S. está demorando meses en resolver cuestiones que son ajenas al objeto de la pesquisa y que en nada modifican su situación procesal, dejando a Piccirillo en un estado de indefensión que justamente el tribunal debería conjurar”, sostuvieron.
La oposición de la fiscalía y el escenario procesal
En el marco de la investigación, el fiscal federal Franco Picardi dictaminó previamente en contra del otorgamiento de la libertad condicional y del cese de la prisión preventiva. Corresponderá ahora al juez Ariel Lijo definir la situación procesal de Piccirillo, como así también evaluar el pedido alternativo para trasladar el domicilio del arresto a la residencia de su pareja en el barrio porteño de Núñez.
Piccirillo se encuentra imputado en el marco de la causa que investiga un presunto operativo irregular montado en el Palacio Duhau. De acuerdo a la hipótesis fiscal, efectivos policiales habrían privado de la libertad al financista Francisco Hauque y a su esposa, tras plantarles un arma de fuego y sustancias estupefacientes en el contexto de un litigio por una supuesta deuda millonaria.