En el marco de la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) celebrada en Puerto Iguazú, Misiones, el canciller Pablo Quirno lanzó una contundente advertencia dirigida a las corporaciones multinacionales que operan ilegalmente en el Atlántico Sur.
El funcionario nacional reveló que el Gobierno de Javier Milei notificó formalmente a 180 empresas vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas para que decidan de inmediato si continuarán con sus actividades ilegítimas o si apostarán por los activos del país. El Palacio San Martín busca usar el atractivo de yacimientos como Vaca Muerta como un poderoso desincentivo comercial para acorralar a las petroleras y sus proveedores.
Extensión de sanciones, freno a los beneficios del RIGI y veto a proveedores
La estrategia oficial combina un nuevo decreto reglamentario para dotar de máxima celeridad al régimen de castigos y el envío de un proyecto de ley al Congreso para reformar la Ley 26.659. Las penas ya no solo afectarán a las petroleras con licencias de las islas, sino que se extenderán a toda su cadena de valor, abarcando a prestadores de servicios petroleros, entidades financieras y compañías de seguros. Como medida de presión inmediata, Quirno confirmó que el decreto publicado incluyó la obligación de presentar una declaración jurada para los aspirantes a los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), donde deberán certificar que no vulneran la legislación sobre soberanía en el archipiélago.
El factor Vaca Muerta y un mecanismo de salida para corporaciones
El canciller fundamentó el endurecimiento de la postura argentina en el nuevo mapa energético global, explicando que cuando se dictó la normativa original entre 2011 y 2013 Vaca Muerta no estaba desarrollada, por lo que las firmas petroleras no tenían un incentivo económico real para optar entre la Argentina o el territorio insular. Con el desarrollo del potencial de gas y petróleo en el continente, el Gobierno plantea un dilema de hierro donde las empresas deberán optar entre invertir en una zona en disputa con licencias ilegales o hacerlo en suelo argentino bajo seguridad jurídica. Asimismo, la reforma legislativa incluirá una cláusula de rectificación para que las firmas que abandonen sus tareas en Malvinas puedan operar en el país sin quedar bloqueadas definitivamente.