El Gobierno monitorea con cautela la investigación de EE.UU. sobre la AFA y frena una escalada de conflicto.
El Poder Ejecutivo sigue de cerca los ribetes de la investigación judicial que lleva adelante la justicia de Estados Unidos sobre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), en un escenario marcado por versiones encontradas al interior del propio oficialismo respecto al alcance de las medidas y la estrategia a seguir con la conducción de Claudio «Chiqui» Tapia.
Versiones cruzadas y silencio en la Casa Rosada
Mientras un sector del Gobierno aseguraba haber recibido notificaciones previas sobre movimientos del FBI en torno al presidente de la AFA, otros despachos oficiales salieron a desestimar de plano la existencia de operativos de incautación de dispositivos o citaciones personales, postura que coincidió con el comunicado emitido posteriormente por la entidad madre del fútbol nacional.
Ante el cruce de información y el revuelo generado tras las publicaciones sobre el procedimiento en el aeropuerto JFK de Nueva York, la administración nacional optó por bajar el tono y mantener prudencia pública, dejando que el tema evolucione al ritmo de las actuaciones judiciales y mediáticas.
El expediente en Florida y la causa local
La investigación estadounidense se centra en el análisis de flujos financieros vinculados a la operatoria internacional de la AFA y a la firma TourProdEnter —ligada al empresario Javier Faroni—, poniendo la lupa sobre contratos comerciales, amistosos y fondos canalizados mediante entidades bancarias norteamericanas. Hasta el momento, las actuaciones registran la citación a un tercero ante un Gran Jurado del Distrito Sur de Florida, sin que pesen imputaciones formales directas sobre la cúpula dirigencial.
En el plano doméstico, el expediente tributario impulsado por ARCA continúa su curso legal tras la ampliación de la denuncia penal presentada en mayo por presunta evasión y maniobras de facturación; sin embargo, desde Balcarce 50 aclararon que por el momento no prevén sumar nuevas presentaciones judiciales.
Reevaluación política y prioridades electorales
La prudencia del Ejecutivo responde a un cambio de lectura sobre el vínculo con la conducción del fútbol. Con la mira puesta en el armado electoral de cara a 2027, en la mesa política impera la postura de evitar frentes de conflicto innecesarios que puedan generar un desgaste social o empañar la relación con el fervor popular tras el reciente Mundial.
Bajo este panorama, iniciativas como el impulso a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) o una ofensiva directa contra la estructura tradicional de la AFA quedaron relegadas en el cortísimo plazo. La directriz que gana terreno en la Casa Rosada consiste en separar los planos: observar con atención el avance judicial tanto en el exterior como en el ámbito local, pero preservando una convivencia institucional que evite tensiones abiertas con el mundo del fútbol.