Un alarmante escenario en el sistema eléctrico nacional fuerza al Poder Ejecutivo a tomar medidas drásticas a contrarreloj para blindar el suministro.
Tras vencerse los plazos legales en medio de un invierno crudo, la administración central activó una prórroga de excepción que otorgará superpoderes regulatorios para congelar la crisis, contener el esquema de tarifas y acelerar obras energéticas clave antes de que colapse la red en los meses de mayor demanda.
El vencimiento del Decreto 370/2025 y la herencia eléctrica que obliga al blindaje
El fantasma del colapso energético vuelve a sobrevolar los despachos oficiales de la Casa Rosada. Tras el vencimiento del plazo legal estipulado para el pasado 9 de julio, el Poder Ejecutivo ultima los detalles técnicos de una inminente resolución para decretar una nueva prórroga regulatoria. La meta central de la medida es otorgar más tiempo y previsibilidad jurídica a las obras de infraestructura que aseguren el suministro eléctrico y el almacenamiento de energía en todo el país. El texto oficial, que entrará en vigencia mediante su publicación en el Boletín Oficial durante la semana entrante, busca dotar de extraordinarias a las secretarías competentes para mantener la continuidad en el transporte y distribución de electricidad y gas natural.
La crisis del sector arrastra un complejo historial de prórrogas encadenadas. El Decreto 370/2025, firmado el 30 de mayo de 2025, había extendido el estado de excepción hasta este mes de julio, dándole continuidad a la emergencia dictada originalmente en 2023, la cual vencía en diciembre de 2024 y que luego se había prolongado hasta mediados de 2025. Desde la gestión nacional argumentan firmemente que los motivos que originaron las declaraciones previas siguen completamente vigentes, describiendo el estado del sistema como una herencia institucional, económica y social gravísima. Ante este preocupante cuadro de situación, las autoridades consideran imprescindible sostener estas políticas de excepción para superar las condiciones financieras extremas que padece la infraestructura civil de la República Argentina.
Megabaterías de respuesta rápida y el nuevo súper registro de subsidios SEF
Frente a la vulnerabilidad de la red, la gestión de Javier Milei implementó profundas reformas estructurales para mitigar el impacto en los usuarios. Una de las apuestas tecnológicas más agresivas del período reciente fue la adjudicación de la licitación «Alma SADI», un plan estratégico que incorpora centrales de almacenamiento de energía mediante baterías de respuesta rápida para neutralizar los cortes de luz masivos. La Secretaría de Energía otorgó contratos clave en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) bajo la tecnología técnica denominada BESS (Battery Energy Storage System). Estas modernas plantas modulares permitirán cubrir picos de demanda de corta duración y aportarán estabilidad inmediata al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) ante fallas imprevistas en los generadores tradicionales.
En paralelo al blindaje técnico, el Palacio de Hacienda reformuló por completo el esquema de asistencia tarifaria con la puesta en marcha, a comienzos de 2026, del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Esta nueva estructura abarca de forma unificada las prestaciones de electricidad, gas natural por redes, gas propano y gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas. El nuevo modelo impone bloques de consumo base rígidos para la luz y se gestiona mediante el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF). Dicho padrón absorbió y procesó la base de datos del antiguo Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), centralizando el control estatal para determinar con precisión qué hogares recibirán asistencia y cuáles sufrirán los aumentos en este escenario crítico donde el Gobierno planifica una extensión para la emergencia en el sector energético nacional.