Polémica en EE.UU.: Gobierno de Trump cita a periodistas del New York Times.
En un nuevo episodio de tensión entre la administración de Donald Trump y la prensa independiente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha citado a declarar a varios reporteros del New York Times. La medida responde a una investigación publicada por el diario sobre supuestas fallas de seguridad en el avión presidencial Air Force One, una aeronave donada por el gobierno de Qatar en mayo de 2025.
Intimidación y libertad de prensa
La citación exige que los periodistas se presenten el próximo miércoles ante un juzgado federal en Manhattan en el marco de una «presunta violación de la ley penal federal». Lo que ha despertado la indignación del medio y de diversas organizaciones defensoras de derechos es el método de entrega de las citaciones, las cuales fueron notificadas en los domicilios particulares de los reporteros por agentes federales.
El abogado del diario, David McCraw, calificó la acción como un «acto descarado» y una táctica de intimidación. «La presencia de agentes federales de las fuerzas del orden en la puerta de los periodistas debería conmocionar la conciencia de cualquier estadounidense que crea en la Constitución y en la libertad de prensa que protege», declaró a través de un comunicado oficial.
El origen del conflicto: la seguridad del avión presidencial
Los periodistas citados —Julian E. Barnes, Eric Lipton, Tyler Pager y Eric Schmitt— fueron los autores del informe que reveló que el Servicio Secreto recomendó al presidente Trump no utilizar la nueva aeronave para su reciente viaje a Turquía. La recomendación surgió debido a preocupaciones sobre la seguridad del Boeing 747-8 donado por Qatar.
Antes de la publicación, un funcionario del FBI había solicitado al periódico que detuviera el informe y revelara la identidad de las fuentes anónimas que filtraron la información sobre las fallas. Ante la negativa del diario de comprometer el secreto de sus fuentes, el medio decidió seguir adelante con la publicación, lo que ha derivado en esta embestida judicial.
Analistas estadounidenses advierten que este caso representa un peligroso precedente en la relación entre el poder ejecutivo y el periodismo, interpretándolo como un intento directo por obstruir el derecho del público a estar informado sobre temas de seguridad nacional y transparencia gubernamental.