En una carrera contrarreloj antes del receso invernal, el Gobierno nacional busca quemar las naves en el Congreso de la Nación.
Bajo una atmósfera de extrema incertidumbre y negociaciones febriles de último minuto, el bloque de La Libertad Avanza intentará activar una sesión crucial para aprobar reformas que prometen sacudir los cimientos del régimen de propiedad en la Argentina y definir puestos clave en la estructura de la justicia federal. Sin embargo, las ausencias estacionales amenazan con aguarle los planes al oficialismo en el recinto.
El plan de Sturzenegger para extranjerizar tierras y agilizar desalojos
El oficialismo acordó con los bloques dialoguistas en Labor Parlamentaria llevar adelante una sesión clave, enfocada en el polémico proyecto de propiedad privada diseñado originalmente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. La propuesta llega con modificaciones sustanciales tras sufrir reformas en sus capítulos de manejo del fuego, expropiaciones, desalojos y extranjerización, además de eliminarse por completo el apartado de barrios populares.
El eje más caliente de la ley elimina los límites para que los extranjeros compren tierras rurales en territorio nacional,delegando la autorización final en las provincias. Aunque se prohíbe la compra a Estados extranjeros o empresas con participación estatal extranjera (salvo excepciones autorizadas), se implementará el polémico «silencio administrativo»: si en un plazo de 180 días ni el gobierno nacional ni el provincial presentan reparos, la adquisición quedará firme de pleno derecho. Asimismo, en las zonas de fronteras se requerirá de forma obligatoria el aval conjunto de la provincia, el Ejecutivo y el Congreso de la Nación.
En cuanto a los desalojos, se habilitará un mecanismo de «desalojo exprés» para propiedades usurpadas o tenedores precarios, donde el juez podrá ordenar la restitución del inmueble en un plazo de 72 horas si el propietario presenta prueba documental de titularidad. Para el caso de inquilinos con deudas en sus alquileres, el dueño deberá intimar por carta documento o correo electrónico otorgando un plazo mínimo de 10 días corridos para regularizar el pago; vencido este período, se iniciará la acción de desalojo con un plazo de ejecución de 10 días hábiles. El proyecto además estipula que los propietarios no podrán negarse a recibir las llaves de la propiedad, y ante la presencia de menores o adultos desamparados, se dará intervención a organismos locales para asegurar una solución habitacional transitoria en un lapso no mayor a 10 días.
La pelea por el pliego de Pesino y cargos judiciales clave bajo la lupa
Más allá de las reformas de propiedad, el Senado busca dar luz verde a un paquete de 36 pliegos judiciales. El nombre que concentra toda la atención es el del camarista Víctor Pesino, quien requiere con urgencia el aval de la Cámara Alta para prorrogar su mandato por cinco años antes de cumplir los 75 años de edad este próximo 27 de julio. Previendo complicaciones políticas, Pesino ya presentó un recurso de amparo en los tribunales para garantizar su continuidad.
Otro pliego de altísimo impacto político es el de Juan Rodríguez Ponte, ex secretario del juez Ariel Lijo, postulado para ocupar el estratégico Juzgado Federal de Lomas de Zamora. Este juzgado tiene bajo su órbita la explosiva causa por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito contra el ex intendente bonaerense Martín Insaurralde y la modelo Jésica Cirio. De aprobarse este conjunto de pliegos, el Gobierno nacional habrá logrado cubrir 110 vacantes sobre un total de 300 puestos libres en el Poder Judicial, consolidando una fuerte reconfiguración en la estructura de los tribunales federales de cara al futuro inmediato.