La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó un crítico informe de 38 páginas que expone graves fallas en el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo.
El documento analiza el proyecto de transición hacia un sector eléctrico sostenible y advierte sobre serias “deficiencias relacionadas con: ejecución financiera del préstamo y control interno administrativo contable”.
La controversia gira en torno a la falta de documentación que respalde el uso de 200 millones de dólares. Este monto forma parte de un crédito total de 500 millones de dólares aprobado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), perteneciente al Banco Mundial. La Secretaría de Energía es la encargada de ejecutar estos fondos bajo la órbita de la cartera de Economía.
Un programa clave con baja ejecución
El objetivo principal de este financiamiento es subsidiar la energía eléctrica mediante bases de datos optimizadas que incluyan de manera eficiente a los hogares vulnerables. No obstante, entre el 26 de noviembre y el 31 de diciembre de 2024 (periodo auditado por la AGN), la ejecución del préstamo apenas alcanzó el 41%.
El análisis de la auditoría detectó que, a pesar de que los 200 millones de dólares ingresaron a la Tesorería General de la Nación en diciembre de 2024, el programa se inició sin cumplir con los requisitos básicos de gestión.
Las principales irregularidades detectadas por la AGN
El informe de la AGN detalla desprolijidades administrativas y una alarmante ausencia de controles internos:
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Sin reglas claras de operación: Los auditores señalaron que “al cierre del ejercicio auditado no se encuentra aprobado el Manual Operativo del Programa previsto en el Contrato de Préstamo”.
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Falta de documentación básica: Al momento de ingresar los fondos, la AGN advirtió que “se señala que al cierre del ejercicio auditado aún no se contaba con la siguiente documentación relativa a la operación del Programa:Manual Operativo (MOP con no objeción del BIRF); POA y Plan de Adquisiciones con no Objeción del BIRF y cuentas bancarias abiertas con sus firmantes autorizados para su manejo”.
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Falta de sustento para los desembolsos: El organismo remarcó la “Falta de documentación donde consten los criterios usados en el proceso realizado para justificar el desembolso de USD 200 millones, y se tomara una extracción del sistema SGUER, por el periodo diciembre 2023 a julio 2024 (según fecha de emisión de factura) por Distribuidora EDENOR S.A. y EDESUR S.A. para los usuarios identificados como N2, y si cuenta con no objeción del BIRF”.
La respuesta oficial y la réplica de la auditoría
Ante estas observaciones, el Ministerio de Economía intentó deslindar responsabilidades asegurando que “las distribuidoras EDENOR S.A. y EDESUR S.A. que fueron seleccionadas, contaban con la información consolidada y estaba disponible al momento de la presentación”.
Sin embargo, la explicación no conformó a la AGN. Por este motivo, el organismo emitió una recomendación obligatoria para los futuros desembolsos: “Incorporar a cada solicitud de desembolso la totalidad del sustento documental de la justificación del mismo”.
Fallas en el control de las tarifas y el sistema RASE
El informe también destaca una preocupante falta de coordinación entre la Secretaría de Energía y el área de tecnologías para administrar el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). Los auditores alertaron sobre la “inexistencia de un Ambiente de Desarrollo y Mantenimiento de las tareas informáticas que realiza la Dirección de Información Energética, vinculadas con el sistema RASE”.
Además, la AGN denunció que el Estado no cuenta con herramientas para comprobar si los subsidios realmente impactan en las facturas de luz de los usuarios finales. Al ser consultados sobre la falta de procedimientos formales y contables para estos pagos, desde el Ministerio de Economía se limitaron a responder que el sistema se encuentra “en proceso de ajuste”.
Finalmente, el organismo de control aclaró que “el requerimiento de auditoría efectuado por el prestatario no tuvo como objetivo principal el análisis de sus controles administrativos, lo que hubiera conducido a un grado mayor de detalle en las observaciones que seguidamente se mencionan”. A pesar de esta salvedad, instaron al Gobierno a corregir de inmediato estas deficiencias para garantizar la transparencia del gasto público.