La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) precisó el alcance de la recategorización de oficio aplicada a más de 220.000 monotributistas.
El procedimiento generó controversias en el sector debido a los criterios de fiscalización empleados, lo que motivó reclamos y la apertura de una instancia excepcional para los contribuyentes afectados.
El origen de la polémica por los controles sistémicos
El organismo dirigido por Andrés Vásquez inició la fiscalización semestral automatizada tras cruzar datos de consumo y facturación. Las notificaciones enviadas a los domicilios fiscales de los usuarios indicaban: «Producto de los controles sistémicos que efectúa el organismo, a partir de la información obrante en nuestros registros, hemos detectado que la categoría que reviste actualmente resulta inexacta, por lo que se procederá a recategotizarlo de oficio».
La controversia escaló cuando diversos contribuyentes señalaron que los sistemas del fisco no diferenciaban los ingresos comerciales de los movimientos bancarios de carácter personal. Ante esto, la Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno desmintió el uso de transferencias privadas y aclaró que “lo que se informa y se analiza son operaciones comerciales cobradas con tarjeta de crédito, débito o QR, tal como figura explícitamente en las notificaciones enviadas”, remarcando que “se miran cobros, no transferencias”.
Al respecto, el tributarista César Litvin explicó a la Agencia Noticias Argentinas que esta herramienta «está previsto en la normativa vigente cuando hay diferencias entre lo declarado por el contribuyente y los datos que tiene ARCA”.
El especialista añadió que «en principio se toma como una inconsistencia sujeta a que el contribuyente pueda demostrar en un descargo que parte de los ingresos en las cuentas o billeteras no se relacionan con ganancias gravadas», haciendo referencia a préstamos o movimientos entre cuentas propias. «Cualquier ingreso en cuenta presume ganancia, con lo cual el contribuyente debe ser muy cuidadoso y prolijo en el uso de las cuentas cuando no provengan de su actividad», concluyó Litvin.
Suspensión del trámite y parámetros de evaluación
Como respuesta a las quejas, ARCA habilitó un mecanismo digital para manifestar disconformidad. Unos 24.000 monotributistas adhirieron a esta opción, logrando que su recategorización automática quedara en suspenso a la espera de una auditoría pormenorizada. Quienes no apelaron deberán abonar la diferencia retroactiva entre su escala anterior y la asignada por el fisco.
Este proceso de control se realiza de manera semestral (con vencimientos en febrero y agosto) para evaluar el desempeño de los últimos 12 meses. De cara al próximo vencimiento de agosto 2026, el período auditado comprenderá desde julio de 2025 hasta junio de 2026, evaluando cuatro variables básicas de los contribuyentes de forma natural:
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Ingresos brutos acumulados.
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Energía eléctrica consumida.
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Alquileres devengados.
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Superficie afectada a la actividad.