Un demoledor entramado de corrupción y lavado de dinero vuelve a colocar al polémico exfuncionario nacional en el centro de la tormenta judicial.
Una profunda investigación penal desnudó cómo se habría montado una aceitada maquinaria de recaudación ilegal utilizando la estructura de la seguridad vial y el control de tránsito en el Conurbano, dejando al descubierto transferencias bajo sospecha y conexiones familiares directas que salpican al poder político.
La triangulación en universidades, el rol de la sobrina de Cirio y la misteriosa inscripción express
El cuestionado dirigente político Martín Insaurralde sumó un nuevo y explosivo frente judicial tras revelarse una presunta red de financiamiento ilegal que vincula de manera directa a su círculo íntimo con el millonario negocio de los cinemómetros y radares de tránsito en la provincia de Buenos Aires. La investigación pone bajo la lupa a Priscila Ferrante, sobrina de su expareja Jésica Cirio, quien cumplió funciones laborales para la firma Always Group S.A., una compañía tecnológica proveedora de sistemas de control vial. La Justicia detectó que la firma logró una velocidad asombrosa para ingresar al Registro de Proveedores bonaerense: fue dada de alta apenas diez días después de que el mandatario asumiera la Jefatura de Gabinete provincial en septiembre de 2021, abriéndole la puerta a contrataciones masivas.
Según las impactantes revelaciones periodísticas expuestas en el programa de Guadalupe Vázquez por Radio Rivadavia, se investiga una aceitada triangulación de fondos públicos a través de municipios y convenios con universidades nacionales destinados a evadir auditorías fiscales y controles tradicionales. A raíz de este entramado, la Justicia federal ordenó de inmediato el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre el patrimonio de Ferrante, quien además arrastra antecedentes en expedientes por emisión de facturación apócrifa junto a su expareja, Ever Russo.
Cruce de domicilios, causas unificadas y los oscuros negocios bajo la lupa
La gravedad del cuadro se profundiza al comprobarse que Always Group S.A. comparte el mismo domicilio legal con otras polémicas firmas investigadas previamente en causas de tránsito que salpicaron la gestión del exministro de Transporte, Jorge D’Onofrio. Hasta el momento, el rastreo oficial acreditó que la empresa prestó servicios y facturó sumas millonarias al Gobierno de la provincia de Buenos Aires y a la intendencia de Almirante Brown. Con respecto al municipio de Lomas de Zamora, bastión histórico de Insaurralde, las auditorías enfrentan una severa falta de acceso público a los registros oficiales de proveedores, aunque los peritajes iniciales determinaron que la tecnología y los equipos homologados que operan en las avenidas lomenses son idénticos a los de la firma investigada.
Toda la documentación y pruebas de estas maniobras ya fueron remitidas formalmente al fiscal Sergio Morla, encargado de la causa por presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete, y al fiscal Álvaro Garganta, quien instruye los desvíos en el sector del transporte. Los investigadores de los tribunales consideran que esta presunta estructura paralela podría acoplarse de manera directa con las otras grandes hipótesis delictivas de recaudación que pesan sobre el entorno del exfuncionario: el desvío de partidas presupuestarias de la Jefatura de Gabinete bonaerense, las redes del juego ilegal y los suntuosos desarrollos inmobiliarios construidos en la costa atlántica. Mientras la opinión pública se estremece con cada detalle de la impunidad, las miradas están puestas sobre la celeridad de los magistrados, mientras ponen la lupa sobre una presunta caja de Insaurralde vinculada al negocio de las fotomultas.