La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut advirtió sobre la gravedad institucional de las imágenes que circulan en redes, que de confirmarse su autenticidad podrían revelar delitos contra la administración pública.
El procurador general Jorge Miquelarena ya se presentó ante la Fiscalía de Trelew para que se investigue el material, que muestra a una persona realizando un pago para acordar una condena. El escándalo sacude a los poderes Ejecutivo y Judicial. Según ADNsur.
La Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial de Chubut (AMFJCH) manifestó públicamente su «profunda preocupación» por la difusión de imágenes en redes sociales que, de confirmarse su autenticidad, podrían revelar la comisión de graves delitos contra la administración pública y comprometer a integrantes de distintos poderes del Estado. A través de un comunicado institucional, la entidad advirtió sobre la gravedad de los hechos que trascendieron públicamente en las últimas horas y remarcó que la posible participación de personas vinculadas tanto al Poder Judicial como al Poder Ejecutivo representa una situación de alta sensibilidad institucional.
«No puede ser minimizado»: el duro comunicado de la Magistratura
Según expresó la asociación, este tipo de situaciones «no puede ser minimizado» , ya que impacta directamente en la confianza pública en las instituciones y en el funcionamiento del sistema democrático y del Estado de Derecho. En ese marco, desde la organización subrayaron la responsabilidad que tiene el Poder Judicial de investigar lo ocurrido con rapidez, independencia y rigor. «Frente a ello, el Poder Judicial tiene la enorme responsabilidad institucional de investigar y esclarecer con celeridad lo sucedido«, señalaron en el texto difundido. Asimismo, remarcaron que el proceso de investigación deberá garantizar que cualquier conducta contraria a la ley tenga las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico.
Miquelarena se presentó ante la Fiscalía de Trelew para que se investigue el video
El procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena, se presentó este miércoles ante la Fiscalía de Trelew para solicitar la apertura de una investigación a raíz de un video que comenzó a circular en redes sociales y distintos portales informativos, en el que se menciona un supuesto escándalo vinculado al ámbito judicial. La presentación fue realizada ante el fiscal general Omar Rodríguez y se enmarca en el derecho de vindicación previsto en la Constitución, específicamente en el artículo 68, que establece que todo funcionario público que se encuentre bajo sospecha de haber participado en un hecho delictivo debe presentarse ante la Justicia para ser investigado.
El contenido del video: un pago para acordar una condena
De acuerdo con la información oficial, el objetivo de la denuncia es que se lleve adelante una investigación completa sobre el contenido del material audiovisual que comenzó a difundirse en las últimas horas. El video en cuestión fue identificado en redes con el título «un escándalo que sacude a la justicia de Chubut» y muestra a una persona de sexo femenino aparentemente realizando un pago con el objetivo de acordar una condena. Ante la circulación de estas imágenes, Miquelarena decidió presentarse de manera formal ante el Ministerio Público Fiscal para que se analice el contenido del material y se determine si existe algún hecho delictivo.
Lo que viene: una investigación que puede remover los cimientos del poder provincial
A partir de esta presentación, el Ministerio Público Fiscal iniciará las actuaciones correspondientes para analizar el video difundido y establecer las circunstancias del hecho, siguiendo los procedimientos establecidos por la legislación vigente. Desde el organismo indicaron que la intervención judicial permitirá realizar un análisis integral de la información que actualmente circula en el ámbito público, con el objetivo de esclarecer lo sucedido a través de una investigación formal. El proceso buscará determinar la autenticidad del material, el contexto en el que fue registrado y la posible existencia de responsabilidades penales, en caso de que se confirme la comisión de algún delito.