La administración de Javier Milei lleva adelante gestiones ante las autoridades de Estados Unidos para que el Departamento de Justicia de ese país abra una causa penal centrada en el ingreso, la gestión y la posterior salida de la familia Eskenazi y el Grupo Petersen en la petrolera YPF.
La medida busca neutralizar los millonarios juicios que enfrentan al Estado argentino en los tribunales de Nueva York.
Funcionarios de primera línea del Poder Ejecutivo mantuvieron encuentros reservados con representantes del gobierno de Donald Trump para promover la investigación sobre la compra del 25% de las acciones de la compañía estatizada durante el kirchnerismo.
El objetivo central de la Casa Rosada es determinar si existieron irregularidades o hechos de corrupción en dicha adquisición. Para la estrategia jurídica argentina, demostrar un origen fraudulento en la entrada del grupo empresarial a la petrolera se convertiría en un elemento determinante para congelar o anular las demandas civiles que pesan sobre el país.
Escenario favorable en Nueva York y respaldo en Washington
Esta iniciativa se desarrolla en un contexto donde la defensa del Estado obtuvo un resultado propicio, luego de que la Cámara de Apelaciones de Nueva York revocara una condena previa que obligaba a la Argentina a abonar una suma superior a los 16.000 millones de dólares por la reestatización de YPF.
Asimismo, la postura argentina cuenta con antecedentes institucionales en la capital estadounidense. El propio Departamento de Justicia de EE. UU. había emitido con anterioridad un memorándum en apoyo a las solicitudes de organizaciones civiles argentinas que pedían investigar las presuntas anomalías en la transferencia accionaria de la empresa.