El presidente Javier Milei instruyó a la Cancillería a iniciar acciones legales bajo la Convención sobre el Derecho del Mar por la explotación del yacimiento Sea Lion. Además, ordenó denuncias penales contra una firma británica por vuelos irregulares a Chile.
BUENOS AIRES – En un endurecimiento de la estrategia de Estado por la soberanía del archipiélago, el Gobierno nacional instruyó este lunes a la Cancillería y a sus equipos jurídicos a iniciar el procedimiento de arbitraje estipulado en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) contra el Reino Unido.
La medida busca poner un freno definitivo a la «explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado ‘Sea Lion’” y evitar la concesión de nuevos permisos sobre la Plataforma Continental Argentina.
DEFENDIENDO CON HECHOS
Instruí a la Cancillería y a nuestros equipos jurídicos a iniciar el arbitraje internacional contra el Reino Unido por el saqueo ilegal de nuestros recursos a través del Proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.
Si en 2 semanas el Reino Unido no frena la explotación ilegítima, vamos a ir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS y se defienden con hechos, no palabras 🇦🇷🇦🇷
VLLC!!!
— Javier Milei (@JMilei) September 28, 2026
Intimación con plazo de 14 días y recurso ante el Tribunal de Hamburgo
Desde la Casa Rosada confirmaron que se notificó formalmente a Londres para que, en un plazo no mayor a dos semanas, adopte las medidas correspondientes que permitan «impedir el inicio o la continuación de las actividades» petroleras en la zona disputada.
En caso de que el Gobierno británico ignore la intimación, la Argentina se presentará de manera urgente ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales que resguarden los derechos soberanos del país.
Para sustentar la presentación internacional, la administración de Javier Milei apeló a las resoluciones históricas de la Asamblea General de las Naciones Unidas:
“La Resolución 2065 (XX) reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte e instó a ambos Gobiernos a encontrar una solución pacífica a la controversia mediante negociaciones”, remarcaron desde el Ejecutivo.
En la misma línea, recordaron el alcance de la Resolución 31/49 de la ONU, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la región mientras persista el litigio:
“La explotación unilateral de los recursos naturales de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es contraria al derecho internacional y produce un perjuicio irreversible e irreparable a los derechos de soberanía de la República Argentina”, enfatizó el escrito oficial.
Asimismo, la Cancillería expresó un «rechazo categórico a la respuesta del Reino Unido» tras la alocución del Presidente en la ONU, ratificando que la figura de «Territorio Británico de Ultramar» y el referéndum de 2013 no poseen validez legal ni alteran la causa de soberanía.
Sanciones y denuncias penales por vuelos no autorizados a Punta Arenas
A la disputa por los recursos hidrocarburíferos se sumó la detección de infracciones aéreas en el Atlántico Sur. El Gobierno denunció formalmente las operaciones de la firma Thales UK Limited en la ruta que une las Islas Malvinas con la ciudad chilena de Punta Arenas, ejecutadas con una aeronave de matrícula británica sin el debido permiso argentino.
Frente a este escenario, el jefe de Estado ordenó la apertura inmediata de procedimientos sancionatorios, denuncias en el fuero penal y gestiones por la vía diplomática.
“La República Argentina no se quedará de brazos cruzados y continuará defendiendo sus derechos soberanos con firmeza, utilizando todas las herramientas diplomáticas, administrativas y jurídicas que le reconocen el derecho nacional e internacional. Las Malvinas son argentinas”, concluyeron desde Balcarce 50.